Dentro del caso Purga se conoció que Mayra Salazar, exasesora de la Corte del Guayas y Fabiola Gallardo, presidenta de la misma, habrían pedido un cambio de piso del lugar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a cambio de una acción de protección por 30 millones de dólares en contra del Municipio de Quito.
Según la Fiscalía en su investigación y en chats revelados, los pisos fueron escogidos por Gallardo y quien los compró fue Salazar, quienes ambas se encuentran en prisión preventiva.
Por este caso del cambio de pisos se ha descubierto nuevos personajes en el entramado de corrupción dentro de la justicia ecuatoriana.
Mayra Salazar, en calidad de testigo protegido, reconoció que fue ella quien coordino la remodelación del piso con alguien a quien tenía registrado en su celular como “Andrés Militares”, pero era conocido como “el tóxico”.
Se trata de Andrés Ch., abogado del área jurídica en el Cuerpo de Bomberos y ha trabajado en el sector público como en el Consejo Nacional de Electricidad Conelec y en la Agencia de Regulación y Control de Energía donde es asesor de la Directora Ejecutiva de la Agencia.
Se conoció además, que es uno de los funcionarios denunciados por el gobierno de Daniel Noboa del supuesto sabotaje que habría provocado los apagones del país.
Andrés Ch., junto a Mayra Salazar coordinó la remodelación del piso, como pago a la acción de protección. Se conoce que el abogado no está procesado dentro del caso Purga, pero sí ha acudido a dar versión.