Incrementar la pena para sancionar el delito de extorsión, es el objetivo del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), presentado por el asambleísta Fernando Jaramillo (ADN).
La propuesta pretende reformar los artículos 185, 698 y 699 del COIP, relacionados con el incremento de penas de 5 hasta 13 años de reclusión, según la gravedad del delito cometido. Por ejemplo, de 7 a 10 años de prisión más una multa de 24 a 40 salarios básicos unificados, tendría la persona que extorsione a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o personas con enfermedades que comprometan su vida.
Si son varios extorsionadores, si existe amenaza de muerte, lesión, secuestro, calamidad, infortunio o peligro común o si la orden de extorsión proviene de un centro de privación de libertad, la pena sería de 13 años de prisión, entre otras sanciones que se detallan en la iniciativa legislativa.
Las propuestas de reformas tienen que ver, además, con el régimen semiabierto y abierto de cumplimiento de la pena. El articulado consta también de una disposición final.
Fernando Jaramillo recalcó que se trata de un complemento a la última consulta popular, ya que no se integró este delito en la misma. “Estamos planteando que el delito de extorsión ingrese en los temas de las preguntas del casillero G de la consulta popular, que trata el incremento de penas, pues en la consulta se incluyó el secuestro extorsivo, pero no la extorsión”, sostuvo.
Justificó la reforma propuesta por la afectación a la producción de las pequeñas y medianas empresas que han sido víctimas de extorsionadores, y que, inclusive, han llegado hasta el sicariato.
El legislador espera que el Consejo de Administración Legislativa se pronuncie sobre la posibilidad de conformar una comisión multipartidista, que tratará los temas de la consulta popular.
