El Acuerdo Ministerial 179 que fue publicado en el Registro Oficial el 29 de mayo del 2020, menciona que el Ministerio de Defensa fijó cinco niveles de uso progresivo de la fuerza en casos de resistencia social. Los militares pueden usar hasta armas letales y el patrocinio del Estado para su defensa.
«El nivel de la fuerza a utilizar por parte del personal militar dependerá del nivel de resistencia del agresor», dice el Acuerdo Ministerial.
- Primer nivel: «riesgo latente», hay presencia del agresor, requiere presencia militar y contacto visual como mecanismo de control.
- Segundo nivel: «resistencia psicológica o pasiva». La persona se resiste a pesar de la presencia militar, se usa la comunicación y se da instrucciones para persuadir o disuadir.
- Tercer nivel: «resistencia defensiva». La persona no obedece a las indicaciones del militar, se realiza contacto suave con presión física que «cause dolor leve o moderado» sin lesión.
- Cuarto nivel: «resistencia agresiva», la persona arremete contra el personal militar, se utiliza la «fuerza dura», armas y municiones no letales y agentes químicos.
- Quinto nivel: «resistencia agresiva agravada». La persona arremete contra personal militar y la agresión puede causar lesiones graves o la muerte del militar, se utiliza la «fuerza letal», armas de fuego con municiones letales.
El documento también establece que «»en todos los casos que el personal actúe en cumplimiento de su función, derivada de la Constitución, la ley o estado de excepción, recibirá patrocinio por parte del Estado, a través del Ministerio de Defensa».
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, mencionó que es «un tema bastante sensible», pero explicó que el propósito del Acuerdo 179 no es otra cosa que establecer las normas de conducta militar. Aseguró que no es para la población civil y dijo que existen normas que respeten el derecho a la resistencia y la normativa de derechos humanos establecidos internacionalmente.
Este reglamento se basa en el Manual de Derecho en Operaciones Militares vigente desde el 2014, con el gobierno de Rafael Correa, que ha sido modificado luego de que Defensa emitiera una nueva «directiva contrainsurgencia» después de la paralización y movilizaciones de octubre del 2019.
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