En una rueda de prensa el Ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena, la Directora Nacional de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo y el Viceministro de Comunicaciones, Marco Sancho dieron detalles sobre la filtración de datos de los ecuatorianos.
Michelena mencionó que el 11 de septiembre de 2019, el Gobierno recibió una alerta de una posible vulneración de datos sensibles de ecuatorianos en un servidor privado externo ubicado en Miami.
Por disposición de Lenín Moreno en un plazo no más de 72 horas se emitirá a la Asamblea Nacional la Ley de Protección de Datos Personales que se ha trabajado desde hace 8 meses.
También comentó que se ha emprendido una investigación penal y se espera que sean detenidos los responsables.
Aclaró que la información de todos los ecuatorianos está protegida y resguardada. «No hubo un hackeo a la ciberseguridad del país. Sin embrago, ante la comercialización que ustedes conocen que en años anteriores se daba a las bases de datos de las instituciones publicas, hemos emprendido una investigación penal y esperamos que sean detenidos los ecuatorianos que han trabajado o negociado bases de datos públicas y han sido sustraídas desde las mismas instituciones».
Apuntó al posible robo de datos de las bases del sistema nacional de información creado por el anterior Gobierno para «justamente convalidar las bases de datos que tenían en protección social, salud y educación» y que «lastimosamente no se han cuidado los protocolos ni manuales específicos que permitan proteger los datos personales».
Filtración de datos de ecuatorianos
Una empresa israelí reveló este lunes que millones de datos de ciudadanos ecuatorianos quedaron expuestos en el servidor para que cualquiera entrara a tomarlos y que éste pertenecía a una firma ecuatoriana proveedora de análisis de datos.
Entre los detalles expuestos están datos personales y financieros de unos 20 millones de ecuatorianos, muchos de ellos fallecidos, lo que permitía el robo de identidad y de capitales.
El caso fue detectado por la firma israelí en un servidor en Miami perteneciente a Novaestrat, una consultora que provee servicios de análisis de datos, marketing estratégico y desarrollo de software y cuya web hoy estaba inhabilitada.
«Hemos investigado de qué empresa se trata, los dueños de la empresa, dónde han trabajado, efectivamente se dijo que eran funcionarios públicos del régimen anterior», recalcó el ministro antes de revelar que la titular del Interior, María Paula Romo, ha emprendido una acción penal por posible vulneración del delito a la privacidad, recogida en los artículos 178 y 179 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
EFE