El ambiente de calma política desde que llegó al poder el presidente Lenín Moreno favorece la celebración de una consulta popular en Ecuador, de cuya constitucionalidad no duda la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís.
«El ambiente en nuestro país es de tranquilidad, de calma, de aceptación de la consulta popular», afirmó en una entrevista con Efe la titular del CNE, que saca adelante el primer proceso electoral de este tipo después de diez años de correísmo en el país.
A diferencia de las elecciones presidenciales y legislativas de 2017, en las que la polémica rodeó todo o casi todo desde que se inició la campaña, en este proceso la tensión política se ha relajado gracias a la estrategia de diálogo del actual mandatario.
Atrás parecen haber quedado los más feroces días de la gestión de Rafael Correa, el anterior presidente, que en esta consulta enarbola el ‘No’, si bien con una campaña más apagada que en ocasiones anteriores en las que estaba aún en el poder.
Para Villacís, que recuerda que ya hubo otros seis procesos similares desde los noventa del siglo pasado, a los ecuatorianos les gusta «ser consultados».
Poco más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 4 de febrero para decidir sobre siete cuestiones que les plantea el gobierno de Moreno, y que versan sobre preservación del medioambiente, reelección política de mandatarios, violencia sexual contra menores y otros asuntos administrativos y legales.
«Según nuestra normativa legal nosotros tenemos algo que se llama democracia directa, es decir, que el ciudadano tiene por constitución el derecho a ser consultado», precisó la alta funcionaria.
La consulta y referendo -la matización depende de cada pregunta- ha sido recurrida por los seguidores de Correa, para quienes se trata de un proceso «inconstitucional» porque algunas preguntas -entre ellas la de la anulación de la posibilidad de ser reelegido más de una vez- viola los derechos básicos de la ciudadanía.
También apelan a acuerdos internacionales para asegurar que Moreno quiere concentrar demasiado poder en el Palacio de Carondelet con la supresión, o las enmiendas que podría introducir después de la consulta, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano regulador de lo público.
También denuncian que el presidente lo convocó sin esperar al dictamen de la Corte Constitucional -como lo exige la ley-.
La convocatoria la hizo Moreno por decreto argumentando que se había vencido el plazo que tenía la Corte, y evocando una situación parecida en una consulta de índole local en 2011, cuando Correa gobernaba.
Villacís, de 45 años y que entró al cargo a raíz del decreto de convocatoria, elude entrar en la polémica política y asegura que es constitucional desde que el presidente, que está facultado para hacerlo, les entregara el decreto.
«No ha sido la primera vez que acatamos decretos ejecutivos en donde se nos disponen consultas populares (..) Es constitucional porque el mecanismo de ahora es el mismo de antes (el usado en 2011)», argumentó.
Preguntada si ella hubiera preferido que la Corte Constitucional se pronunciara para evitar cualquier sombra de legalidad, responde que no le «corresponde» al CNE valorar esa cuestión.
«No nos corresponde pronunciarnos en ese tema, nuestra competencia es netamente administrativa y al haber un decreto ejecutivo donde se dispone una consulta popular, lo que correspondía a este ente técnico era convocarla, obviamente con los informes jurídicos que corresponden», matizó.
Y apunta sobre los retos de la jornada electoral que «lo más complicado es el tema político», pero que «en este momento hay calma en el país y el ambiente es saludable como nunca antes ha ocurrido».
En este entorno, pide a la ciudadanía que «se informe» antes de votar, que vote «de forma responsable e informada» porque le gustaría que el domingo 4 de febrero «se escuche la voz del pueblo», sea cual fuere su decisión.
EFE
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