La Corte Provincial de Pichincha ratificó hoy, 31 de octubre del 2016, la condena de quince días de prisión contra el vicealcalde de Quito Eduardo del Pozo, del opositor movimiento CREO, por efectuar manifestaciones en descrédito del presidente, Rafael Correa.
«Se confirma la sentencia en mi contra por parte de los justicia correista con 15 días de prisión», escribió del Pozo en su cuenta de Twitter, en la que añadió: «Aún con esta sentencia no me voy a callar, seguiré en pie de lucha en defensa de la libertad de expresión».
En declaraciones a la televisión TVC, del Pozo, que había apelado en el caso, rechazó la ratificación de la sentencia, que lo condenó también a pagar 90 dólares de multa y a ofrecer disculpas públicas, lo que, adelantó, hará «de una manera interesante».
«Lo único que nos queda en este punto, luego de cumplir con la sentencia privativa de libertad, disculpas públicas y demás, es llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vamos a analizar con mi equipo de abogados si es que podemos llegar a esas instancias», añadió.
Explicó que hay un plazo de diez días para que se notifique formalmente la sentencia, tras lo cual el caso llegará al juez de contravenciones, que emitió en primera instancia la sentencia, y que es quien «emitirá la orden de prisión».
En septiembre pasado, el vicealcalde recordó que en junio ofreció unas declaraciones durante una entrevista en la emisora Radio Sonorama en las que se refirió a una propuesta del Ejecutivo para que los candidatos que tengan bienes en paraísos fiscales no puedan ocupar cargos de elección popular.
En esa entrevista, realizada cuando era concejal, -aseguró- habló de temas de coyuntura «de manera general».
Añadió que «sin embargo, el señor (Rafael) Correa se ha sentido aludido y por eso su juicio en contra de mi persona».
Ese mismo mes, Caupolicán Ochoa, abogado del mandatario, indicó en declaraciones a periodistas, que del Pozo aseguró que el gobernante «sacaba sentencias a dedo, obtenía dinero y no pagaba impuestos y ese dinero lo sacaba a paraísos fiscales» y «lo transmitía de manera dolosa a Bélgica».
«Esta aseveración es una aseveración realizada en descrédito, en deshonra de una persona, de un ser humano que tiene derecho a su buen nombre, a su honor, a su dignidad», aseguró entonces el letrado.