Casos de tortura contra detenidos, fallas en los protocolos de investigación y un desacuerdo sobre la publicación de resultados.
Estos son tres puntos sobre los cuales el gobierno de México y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sostienen en los últimos días un creciente intercambio de acusaciones.
Todo a raíz de un documento que publicó ONU-DH sobre la investigación del paradero de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el connotado caso de desaparición forzada ocurrido en 2014 que aún sigue bajo investigación.
El organismo de Naciones Unidas publicó en marzo una investigación llamada "Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa".
En ella presentó una serie de señalamientos sobre errores de las autoridades que han investigado el caso, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, acciones indebidas de investigación y falta de castigos.