El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) han presentado recursos de apelación contra la resolución dictada el 31 de diciembre en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas. Así lo confirmó Fernando Bastías, abogado de derechos humanos que representa a las familias de los menores desaparecidos en Guayaquil.
La resolución de la jueza Tanya Loor aceptó un habeas corpus solicitado por los familiares de los menores y declaró el caso como desaparición forzada.
Apelaciones del Comando Conjunto, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas presentó el primer recurso, a través de Jaime Vela, su jefe, quien cuestionó la fundamentación del fallo. Vela argumentó que la jueza Loor no ha establecido de manera clara y fundamentada los elementos constitutivos de la desaparición forzada.
El Ministerio de Defensa, representado por Luis Enrique Bueno Echanique, coordinador general de Asesoría Jurídica, también presentó una apelación, argumentando que la jueza habría excedido sus competencias, ya que no le corresponde determinar la existencia o ausencia de un delito. Además, calificó el fallo como una “desnaturalización” del recurso de habeas corpus.
Por su partem, el Ministerio del Interior también apeló el fallo, a lo que Fernando Bastias señaló que “acaban de sumarse a la impugnación con argumentos errados y sin ninguna lógica jurídica la sentencia de Habeas Corpus que reconoce la desaparición forzada del caso de los 4 niños de las Malvinas”.
Medidas de reparación y procesamiento judicial
En su fallo, la jueza Loor no solo reconoció la desaparición forzada de los menores, sino que también dispuso la implementación de medidas de reparación por parte del Estado, a favor de las familias afectadas.
El Ministerio Público procesó a 16 militares, quienes se encuentran con orden de prisión preventiva. Los menores fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Guayaquil. El 24 de diciembre, sus cuerpos fueron encontrados en una zona agreste de Taura, en Guayas. La Fiscalía General del Estado identificó los cuerpos el 31 de diciembre, a través de pruebas de genética forense.
