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Abogado de Los Cuatro de Guayaquil responde al comandante de las Fuerzas Armadas: “no es un incidente”

Se cumplen 22 días de la desaparición forzada de Josué, Ismael, Nehemías y Steven.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, compareció ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional en relación con la desaparición de los menores Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), ocurrida en la parroquia de Taura.

Declaraciones de las Fuerzas Armadas

Durante su intervención, Vela afirmó que será la justicia quien determine las responsabilidades, garantizando que este caso no afectará la estructura ni la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. “Demando que este malhadado incidente no lesione a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas en su misión de preservar la paz y la seguridad de todos los ecuatorianos”, señaló.

Respuesta del abogado de los menores

Fernando Bastias, abogado de Derechos Humanos que representa a las familias de los menores desaparecidos, respondió a las declaraciones de Vela, enfatizando que este caso no puede ser considerado un incidente. “Es una grave violación a derechos humanos contra cuatro niños. Es una desaparición forzada, no un incidente”, manifestó Bastias.

Audiencia de formulación de cargos

Se cumplen 22 días de la desaparición de los menores, y este martes 31 de diciembre de 2024, a las 10:00, se realizará la audiencia de formulación de cargos contra 16 militares investigados en el caso. La diligencia tendrá lugar en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, ubicada en la Ciudadela Valdivia, avenida 25 de Julio, diagonal al Registro Civil Sur.

El juez Dennis Ugalde Álvarez, encargado del caso, dispuso que la audiencia sea restringida al público debido a la implicación de menores de edad, en cumplimiento del artículo 567 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Fiscalía notificará a los sospechosos en sus direcciones y correos electrónicos, y en caso de no comparecer, se asignará un defensor público para garantizar el debido proceso.

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