El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) finalmente se ha pronunciado sobre el motín de esta noche suscitado en la cárcel Regional de Guayaquil. Este es el primero desde que el presidente Daniel Noboa logró controlar la crisis carcelaria vivida a inicios de año con la declaración de “conflicto armado interno” y la posterior militarización de las cárceles.
En un comunicado se detalla que el bloque de seguridad conformado por Fuerzas Armadas, Policía Nacional y SNAI activó los protocolos de seguridad necesarios diseñados para controlar la situación. “Los hechos se deben a una revuelta interna”, por parte de PPL. Se agrega que el perímetro del centro carcelario está controlado.
En videos difundidos en redes sociales se aprecia un incendio desde el interior de uno de los pabellones, aparentemente por colchones incendiados, mientras que algunos presos protestan por el trato de los militares en las cárceles.
La Cárcel Regional de Guayaquil ha sido una de las más intervenidas por la Policía y las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción decretado por el Gobierno, con recurrentes operativos para requisar armamento y objetivos prohibidos a la población penitenciaria.
De esta prisión se escapó entre finales de diciembre e inicios de enero el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), líder de la banda criminal Los Choneros, que cumplía una pena de 34 años de cárcel por narcotráfico, asociación ilícita y homicidio.
Hasta antes del inicio del estado de excepción Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua de Ecuador, tenían el control sobre el interior del recinto carcelario, donde cobraban cupos a los presos por el tipo de celda que usaban y también por la alimentación, entre otros elementos de un amplio entramado de extorsión, según testigos.
Este nuevo motín ocurre a menos de dos semanas de que concluya la prórroga de 30 días del estado de excepción decretado por Noboa con el objetivo de combatir a las bandas del crimen organizado, a las que ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Durante la militarización de las cárceles, varias organizaciones han denunciado violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, una acusación que el estamento militar ha rechazado siempre de plano al aducir que su actuación se apega a la legalidad y a los derechos humanos, con datos de EFE
