Mayra Salazar, quien cumple sentencia por su participación en el caso Metástasis, fue una de las 528 reclusas trasladadas -así como 665 hombres- “con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y promover un entorno más seguro y adecuado” para los internos, apuntó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) en un comunicado.
En total, fueron 1.193 reclusos reubicados en cumplimiento de normativas internacionales que promueve la separación de géneros en los centros de privación de libertad.
El trasladado de presos de la cárcel de la provincia de Tungurahua a una de la provincia de Cotopaxi, y de reclusas que estaban en la de Cotopaxi, hacia la de Tungurahua, tuvo lugar el sábado bajo estrictas medidas de seguridad en coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Policía y otras instituciones del Estado.
Salazar fue condenada a 15 meses de prisión el 24 de julio de 2024 por el delito de delincuencia organizada. Ella aceptó que ayudó a comprar jueces en la Corte de Justicia de Guayas para que fallen a favor del narcotraficante Leandro Norero.
Además, se sometió a un procedimiento abreviado y aceptó su culpabilidad. Fue cooperadora eficaz de la Fiscalía, lo que ayudó a abrir otros casos como Purga, recibió una pena atenuada. Su condena se cumplirá el 13 de marzo de 2025.
Además, debe pagar USD 11.040 como reparación integral por el perjuicio al Estado y USD 6.300 correspondientes al dinero recibido desde la organización criminal para la que trabajó. También se dispuso una multa económica de USD 5 520 y el decomiso de los bienes, así como disculpas públicas.
Violencia en las cárceles
Las cárceles de Ecuador están bajo control de los militares desde enero pasado cuando el presidente, Daniel Noboa, declaró el “conflicto armado interno” contra los grupos criminales, a los que pasó a llamar “terroristas” y a los que se atribuyen las masacres ocurridas en las cárceles en los últimos años.
