Esta investigación inició la Fiscalía General del Estado (FGE) tras la muerte de Leandro Norero Tigua, quien fue asesinado en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en octubre de 2022.
Las diligencias para determinar las causas de su muerte, llevaron a Fiscalía y Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron chats que daban cuenta de las relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores.
Sobre esa base –y de otros elementos de convicción– se determinó que los ahora procesados habrían coordinado estas acciones para conseguir beneficios en procesos judiciales, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, devolución de bienes muebles e inmuebles, entre otros.
Entre la noche del miércoles 13 y la mañana del jueves 14 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) –con el apoyo de la Policía Nacional– ejecutaron más de setenta y cinco allanamientos simultáneos en varias provincias, mismos que contaron con la participación de alrededor de 900 personas, entre personal de la Institución y equipos tácticos de la Policía.
¿Qué se encontró?
Durante los operativos, la FGE levantó como indicios: alrededor de USD 44.000 en efectivo, tres armas de fuego, municiones, explosivos, sesenta y tres teléfonos celulares, documentos, computadores portátiles y retuvo un vehículo.
Además, treinta y un personas fueron detenidas, entre jueces, fiscales, policías, funcionarios judiciales, un general de Policía en servicio pasivo y el presidente del Consejo de la Judicatura quien –a la fecha de los hechos– se desempeñaba como Juez de la Corte Nacional de Justicia. Todos ellos habrían formado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir a la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presentó alrededor de cuarenta elementos de convicción, entre los que constan informes técnicos periciales de audio, video y afines, en los que se detalla la materialización de la información de los dispositivos celulares analizados, el informe investigativo que contiene miles de hojas con los mensajes de Leandro Norero Tigua que demostrarían sus vínculos con los ahora procesados.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal General presentó –durante seis horas, aproximadamente–todos los elementos de convicción recabados y leyó los mensajes con los que formularon cargos contra los treinta y un imputados.
Prisión preventiva para procesados
Luego de veintisiete horas de audiencia (contando con los recesos), el juez nacional Felipe Córdova comunicó su resolución. Dictó prisión preventiva para 16 procesados:
Helive A. (planificaba y direccionaba sobornos a funcionarios judiciales), Alexander N. (coordinaba red de influencias), Álex P. (subcoordinador jurídico de Corte Nacional de Justicia), Adolfo G. (juez), Mayra S. (funcionaria judicial), Santiago Z. (juez), José Luis S. (juez), Sofía G. (abogada), Emerson C. (juez), María José A. (agente fiscal), Héctor P. (agente investigador Dilat), Gabriel G. (policía), Christian S. (secretario de juez), Lenin M. (coronel de Policía), César A. (abogado) y Wilman T. (exjuez nacional y actual presidente del Consejo de la Judicatura).
También dictó arresto domiciliario para Ronald G. (juez), por ser adulto mayor y medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas cada quince días para los otros catorce involucrados:
Pablo R. (general de Policía en servicio pasivo), Braulio M. (recadero de Leandro Norero), Johan M. (juez), Glenda O.(jueza), Ángel L. (juez), Jhon C. (agente fiscal), Eddin I. (policía), Christian Ch. (agente investigador DILAT), Ángel L. (agente Dinased), Armando R. (mayor de Policía), Kevin P. (abogado), Armando F. (abogado), Daniela B. (funcionaria CRS Cotopaxi) y Dany M. (guía penitenciario).
Pese al pedido de Fiscalía, el Juez negó la retención de cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones y la prohibición de enajenar bienes a escala nacional.
