Cerca de la medianoche de hoy, la Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra 31 personas –incluidos jueces, fiscales, guías penitenciarios, policías, y entre otros– por presunta delincuencia organizada dentro del denominado ‘Caso Metástasis’, una trama relacionada a hechos de corrupción y narcotráfico.

La institución solicitó prisión preventiva para los procesados, con excepción de Ronald G., para quien pide arresto domiciliario por ser adulto mayor (según dice la Ley). Además, que sus cuentas sean retenidas y la prohibición de enajenar bienes.

En la audiencia, la fiscal general, Diana Salazar, presentó los indicios contra los detenidos para realizar las imputaciones a cada uno de ellos, con el presunto delito de delincuencia organizada como denominador común para todos. Entre los indicios expuso la evidencia de los USD 25.000 en efectivo hallados durante el registro realizado en la madrugada a la vivienda del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.

Caso Metástasis

A raíz del asesinato de Leandro Norero Tigua en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en una balacera en octubre de 2022. Era uno de los principales narcotraficantes del Ecuador. Además de su extenso prontuario policial, fundó los Chone Killers y era conocido como ‘El Patrón’. Pese a que el año pasado se confirmó su muerte ya figuraba como muerto, antes de ser detenido.

El Ministerio Público explica que su investigación permitió obtener varias evidencias, que incluyen los dispositivos celulares con los que el ya fallecido (presunto líder de una organización delictiva dedicada entre otras actividades ilícitas- al narcotráfico) “habría montado su estrategia delictiva para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines”.

El rol uno a uno

Nombre a nombre, la Fiscalía detalló el papel que cumplían los involucrados y la red que conformaban en la trama de corrupción en el aparato judicial, carcelario y policial, producto de la infiltración del narcotráfico. Todo habría girado alrededor de ‘El Patrón’, para obtener beneficios para él y su familia, a cambio de favores.

Beneficios judiciales

Helive A. y Alexander N. Habrían coordinado y planificado una red de influencias conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y cortes provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales.

Helive A.

Habría direccionado y planificado sobornos a funcionarios judiciales de la Corte Nacional de Justicia y de las cortes provinciales de Justicia de Manabí, Cotopaxi y Guayas, y del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas. Además de varios fraudes procesales destinados a justificar los activos ilícitos de Leandro Norero Tigua.

También habría planificado el atentado contra la fiscal titular del caso por lavado de activos que se seguía contra Norero. Entre otras actividades, coordinaba la compra de votos en la Corte Nacional para liberar a Israel N. (hermano de Leandro).

Alexander N.

Artífice principal de la coordinación de la red de influencias con el poder judicial. Habría intervenido directamente en la oferta, pago y negociación de sobornos a cambio de beneficios judiciales para Leandro Norero Tigua y sus familiares dentro de varios procesos penales, como el de lavado de activos, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

Favores para ‘El Patrón’ Norero

Dany M. y Daniela B. Dos funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) investigados habrían permitido el ingreso de artículos prohibidos para Leandro Norero a prisión y ayudado a conseguir beneficios para John Steven Navarrete Quiroga, alias ‘Cuyuyuy’ y Santiago Leonel Madrid Guerra, alias ‘Madrid’ o ‘Comandante M’, asesinado en Quito el 23 de septiembre.

Dany M.

Guía penitenciario que habría colaborado con la organización por medio de conductas como introducir artículos prohibidos para Leandro Norero Tigua mientras se encontraba privado de la libertad, a cambio de beneficios económicos.

Daniela B.

Funcionaria del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Su cargo le habría permitido manejar información judicial de manera discrecional y en beneficio del brazo armado de Leandro Norero: alias “Cuyuyui” y “Madrid”.

Resoluciones judiciales

Aquí entra el presidente del Consejo de la Judicatura. Wilman T., Álex P., Ronald G. y Adolfo G., a través de sus puestos jerárquicos en la Corte Nacional, Corte Provincial y Judicatura, habrían colaborado con la estructura criminal para emitir resoluciones judiciales a cambio de sobornos entregados por Leandro Norero.

Álex P.

Subcoordinador jurídico de la Corte Nacional (en la época en que ocurrieron los hechos) y actualmente director provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, nombrado por Wilman T. Contaba con influencias en la Corte Nacional de Justicia y, a partir de ello, habria asesorado a Helive A. sobre la compra de decisiones de los jueces que iban a conocer un habeas corpus a favor de los familiares de Leandro Norero. Además, tenía vínculos con Christian R., persona de confianza del actual Presidente del Consejo de la Judicatura.

Ronald G.

Pieza clave de colaboración en su calidad de juez de Garantías Penales de Guayas. Conoció la sustanciación del caso principal de lavado de activos de Leandro Norero y sus familiares. Su participación habría consistido en emitir resoluciones judiciales en beneficio de los procesados, a cambio de sobornos entregados por Leandro Norero. Este funcionario pertendía recibir altas sumas dinero a cambio de un sobreseimiento en el caso referido.

Wilman T.

Juez de la Corte Nacional de Justicia a la fecha de los hechos y actual Presidente del Consejo de la Judicatura. Su rol de colaboración radicaba en la esfera de la planificación que el grupo criminal proyectaba para comprar las decisiones de los magistrados nacionales frente a una eventual presentación de un habeas corpus en favor del hermano de Leandro Norero. Su participación se habría efectuado a través de la intervención de Álex P.

Richard G.

Juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Guayas. Habría prestado su colaboración aprovechando su posición en la Función Judicial, al haber formado parte del Tribunal que conoció el recurso de apelación de la prisión preventiva del hermano de Leandro Norero. Pretendía vender resoluciones para beneficio de Leandro Norero y su familia, Incluso, uno de los abogados de la cúpula de la organización, Alexander N., afirmaba contar con el voto seguro del referido juez.

Ayuda a la familia de Norero

Jueces, un secretario y una funcionaria judicial de Guayas habrían actuado a favor de Leandro Norero en diligencias por tráfico de armas, lavado de activos, entre otros delitos, para otorgarle impunidad y libertad, y a su familia.

Jhoan M.

Juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Guayas que, con Adolfo G., formó parte del Tribunal de la referida apelación a la prisión preventiva de Israel Norero.

Christian S.

Secretario judicial de Ronald G. Habría estado a su cargo la coordinación y preparación de arraigos, conjuntamente con el abogado Alexander N, de cara a la audiencia de revisión de medidas de los procesados en el caso de lavado de activos contra Leandro Norero.

Glenda O.

Jueza de la Unidad Judicial de Samborondón. Habría ingresado en la estructura de colaboración, debido a que el proceso por el delito de tráfico ilegal de armas -que se desprendió del allanamiento a la casa de Leandro Norero dentro del caso de lavado de activos-recayó en ella. Eso le permitió condicionar su decisión de sustituir la medida de prisión preventiva que pesaba contra Leandro Norero, a cambio de beneficios económicos.

Mayra M.

Funcionaria judicial de la provincia de Guayas que mantenia contacto directo con Leandro Norero. Su rol de colaboración lo habria efectudo desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que pretendía la organización criminal, como identificar jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos.

Santiago Z.

Juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi. Habría colaborado aprovechando su posición en la Función Judicial, al haber formado parte del Tribunal que conoció el habeas corpus a favor de la hermana de Leandro Norero Tigua.

Emerson C.

Juez de la Unidad Judicial de Garantias Penales y de Tránsito de Santo Domingo, a cargo los procesos judiciales de alias “Cuyuyui” y “Madrid”, brazos armados de Leandro Norero. Su rol de colaboración habría consistido en la concesión de la libertad de los mencionados, a través de acciones legales por medio de la planificación ejecutada por Christian R., abogado de la organización organización a criminal, quien afirmaba tener controlado todo el sistema de justicia en la provincia de Santo Domingo.

José Luis S.

Juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi que, conjuntamente con el juez Santiago Z, formó parte del Tribunal del habeas corpus de la hermana de Leandro Norero

Ángel Harry L.

Juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia a la fecha de los hechos. Conoció la acción de protección dentro de la causa que la organización criminal interpuso con la finalidad de levantar las medidas cautelares reales que pesaban sobre los bienes de Leandro Norero a raíz del proceso penal por lavado de activos.

Cambios de tipo penal

Agentes fiscales de Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) en Guayas habrían beneficiado y asesorado a Leonardo Norero con dilaciones en audiencias y cambios de tipo penal en casos en su contra, a cambio de dinero.

Jhon C.

Agente Fiscal de Fedoti en Guayaquil, quien se habría encargado de asesorar directamente a Leonardo Norero para preparar estrategias de defensa y dilatar la audiencia de formulación de cargos en el caso de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

María José A.

Agente Fiscal de Fedoti en Samborondon, cuya participación habría girado alrededor del mal uso de sus facultades legalos on beneficio de los fines de la organización criminal, pues fue titular de la acción penal pública que se inició por el delito de tráfico ilegal de armas contra Leandro Norero, en la que habría facilitado el cambio de tipo penal por el delito de tenencia ilegal de armas, a cambio de beneficios económicos.

Simulación de operativos

Servidores policiales, desde diferentes rangos, habrían colaborado con Leandro Norero, filtrando información, simulando operativos para salvaguardar sus bienes o manipulando elementos de convicción.

Lenin M.

Coronel de la Policía Nacional. Habría colaborado de forma reiterada y de diversas formas: desde la filtración de información hasta proporcionar seguridad en la vivienda Incautada de Leandro Norero, pasando por captar a más personal de su institución, a cambio de beneficios económicos.

Edinn I.

Cabo Segundo de Policía. Su rol de colaboración habría estado ligado directamente con Leandro Norero y consistía en desarrollar actividades operativas a favor del la organización, como simular operativos policiales a fin de salvaguardar los bienes muebles que se encontraban al interior de la propiedad incautada.

Héctor P.

Agente investigador de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dilat) encargado de la investigación dentro del proceso de lavado de activos en contra de Leandro Norero y su familia. Habría planificado la manipulación de elementos de convicción conjuntamente con Helive A.

Cristian CH.

Agente investigador de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dilat) que formaba parte del equipo policial encargado de la investigación dentro del proceso de lavado de activos en contra de Leandro Norero y su familia, y, por ende, su rol tenía la misma naturaleza que la de Héctor P., quien habría planificado la manipulación de elementos de convicción conjuntamente con Helive A.

Gabriel G.

Servidor policial. Su rol de colaboración se habría centrado en impedir que sus compañeros policías puedan abrir e ingresar a la información que reposaba en el teléfono incautado a Leandro Norero dentro del proceso por lavado de activos.

Ángel L.

Agente investigador de la Dinased, Su rol habría consistido en proporcionar información reservada respecto de los diferentes operativos a los brazos armados de la organización criminal para eludir el control de la fuerza pública.

Armando R.

Mayor de la Policía Nacional. Habría prestado su colaboración al desvirtuar el delito de lavado de activos de la causa principal de Leandro Norero y sus familiares, a través de la utilización de sus negocios como la compra y venta de automóviles.

Sobornos a jueces

Abogados en libre ejercicio habrían ejecutado acciones para hacer posibles fraudes procesales y pago de sobornos a jueces que conocieron las causas de Leandro Norero y su familia.

Armando F.

Abogado en libre ejercicio. Habría servido como testaferro para los bienes de Leandro Norero Tigua y brindaba asesoramiento legal -en la esfera tributaria y empresarial- destinada a cometer fraudes procesales en la justificación de bienes incautados por el delito de lavado de activos.

Sofía G.

Abogada en libre ejercicio. Habría colaborado con la organización por su relación con Mayra S., quien captaba sus servicios con la finalidad de viabilizar la entrega de sobornos a los jueces Santiago Z. y José Luis S, quienes iban a conocer la acción de habeas corpus a favor de la hermana de Leandro Norero.

Kevin P.

Abogado en libre ejercicio. Habrla viabilizado la compra de la justicia y los fraudes procesales planificados para obtener libertad e impunidad a favor de miembros de la banda criminal

César A.

Abogado en libre ejercicio. Habría recibido el pago simultáneo destinado a los jueces Santiago Z. y José Luis S, a través de su cuenta bancaria.

Favores penitenciarios

Un General de Policía en servicio pasivo (ex Director del SNAI) y un ciudadano que se presume operaba como recadero, habrían concedido favores penitenciarios y gestionado la entrega de dinero, respectivamente, a favor de Leandro Norero.

Braulio M.

Habría fungido como recadero de Leandro Norero, a fin de gestionar la dinámica de entrega y recepción del dinero destinado a comprar la “justicia”.

Pablo R.

General de la Policía Nacional a la fecha de los hechos y exdirector del SNAI, Tenía a su cargo el traslado de personas privadas de la libertad a los diferentes centros de rehabilitación social del país. Su participación habría consistido en facilitar favores penitenciarios administrativos a Leandro Norero Tigua