El ciudadano Santiago Ribadeneira Troya explicó mediante un comunicado sobre lo sucedido en el Caso Proinco. En un comunicado presentó sus pruebas para demostrar que «sobran recursos para pagar a más de mil familias perjudicadas» y que «se han cometido atropellos».
En la misiva, Ribadeneira presentó nueve puntos sobre el proceso que atraviesa. A continuación los aspectos textuales:
1. Que fui privado de mi libertad con una denuncia de la Superintendencia de Bancos (SB) basada en el engaño de que tres empresas a las que ellos autorizaron. Captaron ilegalmente $ 30 millones pagados a los depositantes de Proinco SF, dejándoles sin fuente de pago y sin seguro de depósitos, por lo que deben asumir la restitución de ese dinero a los depositantes.
2. Que fui sentenciado de Estafa Masiva por violar el artículo 186 # 3 del COIP al entregar certificaciones falsas, cuando todos los documentos fueron validados por la Comisión de Vigilancia de la SB y cuando varios acusadores particulares han ganado juicios civiles con los mismos documentos demostrando que no son falsos y que sí tienen valor jurídico.
3. Que luego desde la cárcel pagué con daciones $ 31 millones con lo que bajé el pasivo de $98 a $67 millones, y tenía la hoja de ruta con pruebas por $117 millones para pagar el 2/3/2018, la Superintendencia de Compañías me impidió seguir pagando al nombrar un liquidador que en 28 meses no ha pagado un solo dólar, ni encuentra nada de los $98 millones que el perito de la fiscalía dijo que existen.
4. Que Mutualista Pichincha, la empresa Quski y sus accionistas Alberto Moscoso y Esteban Bermeo usurparon el negocio de crédito con oro de la Yapa al extraer el conocimiento del negocio, disfrazados de consultores el 10/9/2015, violando una cláusula de confidencialidad que se comprometieron respetar, por lo que deben restituir $24 millones de ingresos para pagar a los perjudicados, además del negocio en marcha de la Yapa.
5. Que la Mutualista tiene retenidos los resultados de los proyectos terminados de San Cayetano y Belén 1 y 2 por $ 4 millones según se había presupuestado.
6. Que la Mutualista pretende ejecutar en dación en pago la propiedad de La Giraldilla avaluada en $ 10 millones por obligaciones que Maktradecorp SA no tiene con dicha entidad.
7. Que Sebastián Crespo incumplió el compromiso que contrajo en el Acuerdo de Accionistas de devolver el 50% de las acciones de Yapa Sac en Perú y pagar $5.2 millones del contrato de licenciamiento de marca que está vencido.
8. Que la Superintendencia de Compañías se responsabilice de la rendición de cuentas por cartera que quedó a cargo de los interventores que debió cobrarse por $ 15 millones.
9. Que el liquidador rinda cuentas de por 55 hectáreas de Surbaya y que justifique por qué quiere entregar la propiedad en dación por $711.000 cuando existen valoraciones hechas por Banco Pichincha y peritos en $22millones y un acuerdo de dación por $30 millones.
VIDEO: Declaración de Santiago Ribadeneira
Ante lo expuesto, Ribadeneira agrega que «suman $117 millones con pruebas que están protegidas en el estudio jurídico Pineda y Asociados para pagar $67 millones que faltan». Y que para ello ha planeado una estrategia legal «que supere la obstrucción de los organismos de control que protegen sus negligencias y a quienes están retenidos las fuentes de pago, a través de una acción de protección colectiva y del indulto humanitario pedido al presidente Lenín Moreno».
Según Ribadeneira, el objetivo es que él pueda salir a pagar con el rescate de «esas fuentes, con la adhesión de un importante grupo de perjudicados que se están sumando a 130 empresarios y amigos encabezados por Jaime Nebot, Antonio Acosta, Patricio Donoso, Lourdes Luque y Mauricio Pozo que además aceptó hacer una veeduría al proceso de rescate y pago a los perjudicados».
Dicho proceso se realizaría, de acuerdo a su explicación, a través de un fideicomiso en formación denominado ‘Casa en Orden’. «Promovido por un grupo de acreedores liderados por Enrique Saenz Román», cerró el comunicado de Ribadeneira.
