Este 3 de junio, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ofreció detalles de los allanamientos efectuados en Quito y Guayaquil relacionados con varios casos de corrupción, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. En rueda de prensa aclaró que el expresidente Abadalá Bucaram fue detenido por la investigación a insumos médicos y no por un arma de fuego.
La Fiscal, que ya se había levantado para retirarse de la rueda de prensa, fue consultada sobre el arma de fuego que se le halló a Bucaram tras un allanamiento en su domicilio, esta madrugada. Sin embargo, volvió a tomar su silla y respondió lo que en el párrafo anterior se ha escrito. Además señaló que así como el Expresidente, «todas las personas tienen derecho a la defensa y ello se podrá hacer en las audiencias».
Detalles de los operativos
Salazar explicó que hasta el momento la Fuerza de Tarea ha liderado 37 allanamientos en Pichincha y Guayas. Resultado de ello, 17 personas han sido detenidas y serán puestas a órdenes de jueces. Los delitos que están siendo objeto de investigación son: peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada en Guayas. Mientras que en Pichincha el de presunto sobreprecios en la adquisición de insumos médicos en la empresa de agua potable.
Ante las preguntas de los periodistas para ampliar la información de la investigación, Salazar aseguró que no pueden ofrecer más detalles porque todavía ejecutan las diligencias pertinentes.
De su lado, la fiscal provincial, Yanina Villagómez, mencionó que sobre el delito de tráfico de influencia en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, se realizó un trabajo investigativo que incluye allanamientos. Resultado de ello fue aprehendido el prefecto Carlos Luis Morales, mismo que será puesto a orden de la autoridad competente.
«También hemos dado respuesta al caso de peculado en el IESS. Los sobreprecios bordean aproximadamente los 12 millones de dólares que afecta la economía. También se detuvieron a ciudadanos que son funcionarios», dijo Villagómez.
El tercer caso, en Guayas, es sobre la delincuencia organizada. Según Villagómez es una estructura conformada por personas naturales, jurídicas y funcionarios públicos, «que han afectado a la economía del país al suscribir convenios con pagos antes y durante de la pandemia; hay detenidos».
