El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político contra Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura.
Esta fue presentada el 18 de abril por Esteban Bernal y Raúl Tello, con el respaldo de 60 firmas de legisladores pertenecientes a las bancadas del PSC, Integración Nacional, CREO y algunos de Alianza PAIS.
Además, se resolvió por unanimidad convocar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio y su Presidente para que informen en el marco de la Constitución y la Ley. Según explicaron los legisladores, se trata de darle celeridad al asunto.
Razones del pedido de juicio político
Los proponentes acusaron a Jalkh y a los miembros del Consejo de la Judicatura de incumplir sus funciones asignadas por la Constitución y la ley, al irrespetar los procesos para el nombramiento de autoridades del sector justicia.
A decir de Esteban Bernal, a las 40 pruebas que presentaron en septiembre del año pasado, cuando propuso un primer pedido de juicio político, se suman cuatro más:
El informe de la Contraloría General del Estado, de 6 de abril de 2018, por el cual establece que el Consejo de la Judicatura habría determinado nombramientos a agentes fiscales con puntaje menor, sobre los que obtuvieron mejores resultados.
El acto urgente presentado por la Fiscalía General del Estado en contra del Presidente del Consejo de la Judicatura por presunto tráfico de influencias.
Informe y expediente presentado por la Comisión Anticorrupción ante el Consejo de Participación Ciudadana, respecto a la mala procedencia de los nombramientos de fiscales provinciales, entre los cuales consta el de la fiscal subrogante Thanya Moreno.
Qué se hará?
Cumplida la calificación por parte del CAL, se cumplirán los siguientes procedimientos:
La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, remitirá la solicitud de enjuiciamiento político, junto con la documentación de sustento, a la Comisión de Fiscalización y Control Político.
En la Comisión de Fiscalización
Dentro del plazo de cinco días, avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará.
Notificará al funcionario el inicio del trámite, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
Notificará a los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas que sustenten sus acusaciones. Por decisión de la mayoría de sus integrantes podrá solicitar pruebas de oficio. Vencido el plazo de quince días, deberá remitir, en los siguientes cinco días, a la Presidenta de la Asamblea Nacional el respectivo informe. De considerarlo necesario, la Comisión podrá solicitar una prórroga de hasta cinco días adicionales. El pedido de juicio político fue calificado con cuatro votos a favor y dos abstenciones.
