La compra de Time Warner por parte del grupo AT&T, anunciada el 22 de octubre, tendrá que pasar por un complejo proceso de revisión de los reguladores para garantizar la libre competencia, de acuerdo con advertencias que ya comienzan a surgir.
Las dos firmas anunciaron que habían cerrado un acuerdo para que AT&T, el principal grupo de telecomunicaciones de Estados Unidos, compre Time Warner por 85.400 millones de dólares, la mayor operación de fusión anunciada este año.
Este anuncio creará un gigante que combina importantes actores de sus respectivos sectores, lo que despierta dudas sobre si, finalmente, las autoridades autorizarán la operación después de que revisen posibles conflictos monopolizadores.
De momento, un subcomité del Senado que supervisa estos temas ha dejado claro que habrá un intenso escrutinio.
El presidente de ese subcomité, Mike Lee afirmó que:
El legislador republicano, en un comunicado conjunto con otra integrante del subcomité, la demócrata Amy Klobuschar, explicó que se examinará «cuidadosamente» que los consumidores no se ven perjudicados por operaciones como la anunciada el sábado.
AT&T, un grupo creado hace tres décadas que tiene una capitalización bursátil levemente por debajo de la principal institución bancaria del país, JP Morgan Chase, es consciente de que la autorización de los reguladores es clave.
En una conferencia telefónica con inversores tras darse a conocer los términos del acuerdo, el máximo directivo de AT&T, Randall Stephenson, que encabezará el grupo fusionado, dijo que cualquier preocupación de los reguladores será «adecuadamente resuelta».
El argumento que defiende Stephenson es que, con esta operación, AT&T no está eliminando un competidor, sino haciéndose con el control de un generador de contenidos para vincularlo a su extensa red de telefonía y de televisión satelital.