El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, denunció hoy, 1 de septiembre, restricciones del Gobierno venezolano al derecho de protesta y al derecho de la prensa a informar, ante la marcha opositora de hoy en el país suramericano.
«Estamos siguiendo con enorme preocupación los acontecimientos», explicó a Efe Lanza, quien advirtió hace un mes en un comunicado conjunto con su homólogo de Naciones Unidas del «deterioro» de la libertad de prensa en Venezuela.
«Las preocupaciones son varias -prosiguió-. Que los corresponsales extranjeros no puedan ingresar es una restricción porque el Gobierno intenta impedir un escrutinio internacional».
Este miércoles, en la víspera de la protesta opositora para pedir una fecha para el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, se conocieron varios casos de periodistas de medios como Caracol Radio de Colombia, Le Monde de Francia y NPR de Estados Unidos a los que no se les permitió la entrada a Venezuela para cubrir el evento.
«Nos preocupa también cómo será el flujo informativo de internet, porque en una manifestación es clave el acceso a información en línea y en otras ocasiones hubo restricciones y también represión de la actividad en las redes sociales», señaló Lanza.
Otra «gran preocupación» de la Relatoría que dirige, encargada de velar por la libertad de expresión en el continente americano, es «el decreto (del Gobierno venezolano) que puso el control de las manifestaciones en el Ejército y por tanto lo semimilitarizó».
«Los militares no están preparados para cumplir con los protocolos de una actividad civil y pacífica y esto ya pasó en 2014 (cuando las protestas dejaron numerosos muertos, heridos y detenidos)», indicó.
En este contexto, apuntó, «los periodistas cumplen un rol fundamental como observadores de cómo se comportan tanto las fuerzas de seguridad como los manifestantes».
Lanza detectó un «patrón» en los últimos meses y, sobre todo, en los días previos a la protesta opositora, con «formas de censura como fallos del Supremo ordenando que no se publiquen, por ejemplo, hechos de violencia criminal u otra serie de informaciones que no son agradables, pero que la gente tiene derecho a conocer en una sociedad democrática».
«O la advertencia -continuó- del órgano regulador de medios sobre cómo se tienen que hacer las coberturas o los ataques contra ‘El Nacional’ en los días previos a la marcha, los impedimentos a los manifestantes».
«Restringir el derecho de protesta también es lo que han hecho de no dejar que la gente se manifieste en determinados lugares. Se debe garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente y también en el lugar simbólico que se elige», agregó.
En este sentido, denunció que a algunos manifestantes del centro de Caracas no se les va a dejar salir para manifestarse o las restricciones a los ciudadanos que llegan a la capital desde el interior del país.
Con esta situación de «restricciones», a Lanza le parece que habría sido útil enviar alguna fórmula de observación de la marcha desde la CIDH o desde la Organización de Estados Americanos (OEA) -de la que la comisión es órgano autónomo para derechos humanos-.
Ese ofrecimiento lo hizo hace unas semanas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero fue rechazado como todos los anteriores desde hace diez años, cuando el chavismo dejó de permitir la observación electoral de la organización.
«La idea del secretario general era muy interesante y novedosa. Que pudiéramos haber articulado una observación internacional de la propia CIDH. En otros países esta labor la realizan los defensores del pueblo o los institutos de derechos humanos, como en Chile, donde ya hay articulado un acompañamiento por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos», consideró el relator.
Aunque la situación «polarizada» de Venezuela, con Gobierno y oposición enfrentados frontalmente, merece «que se le preste mucha atención», Lanza advirtió de restricciones al derecho a la protesta y de manifestación en otros países de la región.
«Estos derechos son vitales para la democracia y los Gobiernos de la región no deben verlo como una amenaza sino como una expresión de demanda de amplios sectores de la sociedad», apunta.
«Vemos un problema grave en el manejo de estas situaciones. Muertos en las manifestaciones de mineros en Bolivia, el asesinato allí de un viceministro, el caso de la represión de las protestas en Brasil. Esto se está convirtiendo en una situación muy preocupante», concluyó.
