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Presentarán querellas en contra del alcalde de Quebradillas

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Quebradillas, Jerón Muñiz Lasalle, anunció la radicación de sendas querellas ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para que ambas dependencias inicien una investigación sobre el manejo y uso de las finanzas públicas en ese municipio.

El pedido surge luego de que la Oficina del Contralor publicara la pasada semana “un devastador informe de auditoría que reveló serias fallas en la administración pública, incluyendo que el alcalde, Heriberto Vélez, autorizara la compra de una lujosa mansión que alquilaba para realizar actividades sociales”.

“El alcalde ha demostrado que no respeta la ley. Aquí está un ejemplo claro. ¿Cómo es posible que alquile una instalación municipal sin tener siquiera los permisos de ley para ello? Es obvio que para este alcalde los parámetros de la ley no son importantes. Esto amerita investigarse, porque todo dinero entrado al municipio por el alquiler puede haber sido de manera ilegal”, dijo Muñiz.

El político del PNP en Quebradillas señaló que ese señalamiento es parte de las 11 irregularidades detectadas en el período del 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2014, que comprende la administración de Vélez, afiliado al Partido Popular Democrático (PPD).

“Es increíble, pero la ley parece no importarle a esta alcalde. No sólo alquila una propiedad ilegalmente, sino que también construye sin los permisos de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La alcaldía invirtió 432,960 dólares en la construcción de viviendas sin tener permiso”, añadió Muñiz Lasalle.

Otros hallazgos incluyen deficiencias con los comprobantes de desembolsos y sus justificantes, la compra de bienes sin cotizaciones, compra de equipo pesado fuera de Puerto Rico sin las garantías de los proveedores, y sin requisiciones escritas, y pagos por servicios de agrimensura y construcción sin formalizar contratos escritos.

Muñiz hizo un llamado al secretario de Justicia, César Miranda, así como la directora de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, para investigar los hallazgos contenidos en el informe a la mayor brevedad posible.

“Aquí se tienen que fijar responsabilidades a quienes le fallaron a la confianza de nuestro pueblo”, concluyó.

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