Cada vez son más las estafas cibernéticas mediante hackeos y ataques de ransomware que afectan a millones de personas en todo el mundo, por ello, en los últimos meses se ha intensificado el pedido de diversas autoridades de distintos gobiernos en atacar con urgencia la terrible problemática.
Las estadísticas no mienten cuando informan que entre el 2020 y lo que va del 2023, han crecido escandalosamente las denuncias de secuestros de datos de entidades para luego encriptarlos y pedir rescate para liberarlos, además, los ciberdelincuentes también amenazan con la publicación de la información en caso de que no se concrete el pago.
Ante esto, en Argentina se comenzó un pedido que no miran con malos ojos otros países de la región ya que en los últimos días la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) instó a la Agencia de Acceso a la Información Pública que evalúe el inicio de una investigación por un posible inadecuado tratamiento o protección de datos personales, por ello, la fiscalía propone la creación de un protocolo con recomendaciones de actuación ante los ataques.
Propuesta de alerta
La propuesta y pedido de alerta se generó debido a un fuerte ciberataque a la Comisión Nacional de Valores que se hizo público el pasado 11 de junio, cuando el grupo de ransomware Medusa publicó entre sus víctimas a la entidad que regula los mercados en Argentina. Ocho días más tarde, los archivos fueron publicados en la dark web y, días después, en Telegram.
La fiscalía describió en un comunicado todo lo registrado desde que ocurrió el ataque, el 7 de junio a las 7.30, incluido el comunicado oficial de un “ciberataque contenido” de la CNV. “Solicitamos una investigación administrativa, para ver si la CNV había administrado adecuadamente su información Le pedimos a la Dirección de Protección de Datos Personales, que es el organismo competente en esta cuestión, que avance”, expresó el fiscal Horacio Azzolín.
De aprobarse el pedido, sin dudas este sería un gran paso y cambio de paradigma con respecto a la búsqueda de una mejor protección en contra de los ciberataques en Sudamérica y resto del continente.
