La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que, en coordinación con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS) del Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional, clausuró un centro de rehabilitación clandestino en la parroquia de Nayón, al norte de Quito, donde se cometían graves violaciones a los derechos humanos.
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En el operativo encontraron a 40 mujeres, incluidas nueve menores de edad, quienes denunciaron ser víctimas de abusos sexuales, físicos y psicológicos, según la AMC.
Entre los testimonios recabados, las internas relataron castigos extremos como descargas eléctricas en una piscina, sumersiones forzadas en aguas residuales, agresiones físicas y prolongadas privaciones de alimentos.
Una de ellas habría sido víctima de violación
De acuerdo con la AMC, una de las internas relató que fue víctima de un intento de violación por parte del encargado de seguridad mientras realizaba labores de limpieza. En el dormitorio del administrador, los inspectores hallaron billetes de alta denominación, chalecos de seguridad, documentos de menores de edad y preservativos, evidencias que agravan la situación del establecimiento, que operaba sin ningún tipo de habilitación legal ni condiciones sanitarias adecuadas.
De acuerdo con el testimonio de uno de los colaboradores, los familiares de las internas pagaban hasta USD 4.100, por seis meses, por un supuesto tratamiento de desintoxicación, pese a la carencia total de acreditaciones.
Varias de las mujeres afirmaron haber sido trasladadas bajo amenazas y confinadas sin su consentimiento, incomunicadas por meses y, en algunos casos, sin padecer ningún tipo adicción.
Tras la clausura, las víctimas recibieron atención médica inmediata y fueron entregadas a sus familiares, mientras que las menores de edad quedaron bajo la custodia de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), a la espera de su reunificación con sus representantes legales.
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Pablo Osorio, responsable de la Unidad de Operativos de la AMC, informó que el administrador del centro enfrenta un proceso sancionatorio que podría derivar en una multa de hasta ocho salarios básicos unificados (USD 3.760), por operar sin licencias ni permisos sanitarios, y por atentar contra la seguridad y salud de las personas.
En el marco de la administración del alcalde Pabel Muñoz, durante 2024 la AMC inició 19 procedimientos de sanción contra centros de rehabilitación clandestinos, logrando la clausura de 10 de ellos. En lo que va de 2025, ya se han iniciado ocho procedimientos y se han clausurado siete establecimientos, reafirmando el compromiso municipal con la protección de los derechos y la seguridad de los quiteños.
