La segunda reconstrucción de los hechos del caso de los niños de Las Malvinas se realizó durante la noche del domingo 27 de abril de 2025 con la presencia de Juan Francisco I., teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
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La diligencia tuvo lugar en la parroquia Taura, cantón Naranjal donde se recreó la versión del teniente coronel. Esto, porque él habría entregado la ropa de los menores hallada en la zona de Taura, en la intervención que participó, sin la respectiva cadena de custodia.
Más agresiones a los niños de Las Malvinas antes de ser asesinados:
En este lugar, se revelaron nuevas versiones que comprometen aún más a los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados en esta causa.
Cuatro militares revelaron múltiples agresiones que sufrieron los cuatro niños antes de ser asesinados y calcinados sin que se sepa las circunstancias y razones de este trágico hecho.
Steven Medina, de 11 años, Josué Arroyo, 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años soportaron correazos, patadas, golpes, puñetes, pisotadas en sus cabezas, también aplicación de llaves de lucha e incluso la detonación de un disparo a pocos centímetros.
Eso fue lo que revelaron los cuatro militares de 16, quienes cumplen prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi, y los trasladaron desde Guayaquil hasta Taura para recrear el hallazgo de las prendas.
Antes de dejarlos en Taura, un militar disparó:
En las afueras de Taura, una zona rural sin asaltar, donde los militares imputados indicaron el sitio, donde presuntamente fueron abandonados los niños sin ropa en la noche. Allí, otro militar relató que un subteniente disparó al suelo a pocos centímetros del niño de 11 años como intimidación.
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Hallaron nuevas prendas de vestir:
Los militares imputados indicaron que en ese lugar liberaron a las víctimas golpeadas pero con vida.
Allí, los peritos localizaron prendas de vestir, como una pantaloneta azul y restos de ropa vieja que serán sometidas a pericias para que los padres de los niños reconozcan si corresponde a alguno de las víctimas.
El delito de desaparición forzada en el que están imputados 16 militares de la FAE y de cómplice un teniente coronel, contempla sanciones de entre 22 y 25 años de prisión, que podrían agravarse hasta 35 años debido a la edad de las víctimas y el abuso de la posición de los victimarios.
La instrucción fiscal termina el 30 de abril.
