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Daniel Noboa prohíbe el uso de recursos públicos para financiar ‘milicias urbanas’

El presidente dijo que experiencias en otros países latinoamericanos han consolidado "grupos armados irregulares".

A pocas horas del Balotaje 2025, el presidente Daniel Noboa Azín firmó el Decreto Ejecutivo No. 601, en el que prohíbe el uso de recursos públicos para financiar ‘milicias urbanas’, colectivos o comités de defensa con ideologías políticas.

Decreto busca fortalecer el control institucional de la seguridad

Este sábado 12 de abril de 2025, Noboa ratificó que la Policía Nacional es la única institución autorizada para planificar y ejecutar la política pública de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, bajo la rectoría del Ministerio del Interior, y conforme a la normativa vigente en el país.

El jefe de Estado enfatizó que estas funciones deben ejercerse con total imparcialidad, evitando beneficiar a individuos o grupos que intenten apropiarse de competencias exclusivas del Estado.

Noboa alerta sobre riesgos de grupos armados irregulares

Durante el anuncio, Noboa advirtió que experiencias similares en países de América Latina han evidenciado que la permisividad en este tipo de estructuras no institucionales ha dado paso al fortalecimiento de grupos armados irregulares, los cuales terminan socavando el Estado de derecho y la institucionalidad.

Por tal motivo, el Decreto prohíbe de forma expresa al Ministerio de Economía y Finanzas y a todas las entidades de la Función Ejecutiva la entrega de fondos, recursos o bienes públicos a milicias urbanas o agrupaciones políticas armadas, con el fin de preservar el orden democrático y el bienestar ciudadano.

Gobierno respalda a la Policía y rechaza paralelismos en seguridad

El Gobierno Nacional reafirmó su confianza en el profesionalismo de las Fuerzas del Orden, señalando que se ha fortalecido su labor mediante inversión en capacidades operativas y cooperación internacional.

La administración de Noboa subrayó que no permitirá la delegación de funciones de seguridad a actores sin control institucional ni garantías legales sobre su accionar.

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