Un militar de las Fuerzas Armadas fue enviado a la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil tras ser detenido por presunto tráfico ilícito de armas durante el operativo de seguridad ‘Tormenta 15’ el martes 25 de marzo en Durán, provincia del Guayas.
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El implicado, identificado como Pedro Javier Ch. F., tiene antecedentes penales por delitos de estafa, asesinato, abuso de confianza y robo.
Según informes de la Policía Nacional, el militar es presuntamente miembro de una estructura delictiva vinculada a delitos contra la vida. Además, es conocido en el ámbito criminal por el alias “El Gordo”.
Evidencias encontradas en operativo policial
Durante el operativo en una urbanización privada de Durán, se detuvo a Joselyn Lissette P. M. y Pedro Javier Ch. F., quienes fueron encontrados con tres fusiles de diferentes calibres, incluyendo 9mm y 2.23, así como indumentaria militar y varios celulares.
Entre los decomisos se incluyen cinco chaquetas tácticas de camuflaje, cuatro pantalones tácticos y un chaleco antibalas sin serie ni marca, con placas de protección, detallaron las autoridades.
Antecedentes y proceso judicial
Pedro Javier Ch. F. es un militar activo que, en mayo de 2022, fue detenido por presunto asalto y robo a un funcionario municipal. Sin embargo, fue sobreseído por un juez y reincorporado a las Fuerzas Armadas en noviembre de ese mismo año.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal presentó las evidencias de la aprehensión, los informes de los agentes intervinientes y el registro de las armas.
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El Juez de Garantías Penales aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para ambos procesados, ordenando su traslado a la Penitenciaría del Litoral.
Este caso se procesa con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el tráfico ilícito de armas con penas de 16 a 19 años de prisión.
Respuesta de la Armada del Ecuador
La Armada del Ecuador expresó su compromiso con los valores institucionales y advirtió que cualquier miembro involucrado en actividades contrarias a estos principios deberá enfrentarse a procesos administrativos disciplinarios y acciones legales correspondientes. Además, reafirmó su disposición para colaborar con las autoridades en la investigación del caso.
