El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador negó este lunes el recurso de apelación y ratificó la suspensión por dos años de los derechos de participación a la vicepresidenta del país, Verónica Abad, demandada por violencia política de género, una decisión que Abad considera que no equivale a una destitución.
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La decisión impide a Abad asumir temporalmente la Presidencia durante el periodo de campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ya que, según la normativa ecuatoriana, el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, debe pedir licencia de cargo y ceder sus funciones a la vicepresidenta, con quien mantiene un enconado enfrentamiento.
El fallo se dio con el voto a favor de tres de los cinco jueces del pleno del TCE, que a través de videoconferencia desarrolló la audiencia contra Abad, que se encuentra en Turquía, a donde llegó la pasada semana para asumir el encargo que Noboa le había dado como consejera comercial de la embajada y no tener impedimentos administrativos para poder asumir la Presidencia.
Durante la audiencia se desvirtuaron los argumentos de apelación de Abad, entre ellos, que no fue citada de forma debida y que la prueba pericial no contó con los requisitos exigidos, y, además de la suspensión de sus derechos de participación, se ratificó la multa de 14.100 dólares impuesta en la sentencia de primera instancia.
El fallo de este lunes del TCE contra la vicepresidenta se suma a una multa de 8.500 dólares que ese mismo organismo ya le impuso por realizar campaña anticipada cuando se postulaba para alcaldesa de su natal Cuenca (sur).
Abad había denunciado inicialmente por violencia política de género a Noboa y a otros miembros del Gobierno, y le había acusado de liderar un acoso del Gobierno contra ella para forzarla a dimitir y evitar así que tuviesra que delegarle la Presidencia durante la campaña electoral.
Sin embargo, el TCE no consideró válida la denuncia de Abad contra Noboa y sí lo hizo con la contrademanda de Sommerfeld a Abad.
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Abad advierte que no está destituida
Mientras se desarrollaba la audiencia en el TCE, Abad escribió en su cuenta de X: “Si están pensando destituirme con este mecanismo ilegal mediático, están muy mal”.
“Primero, si me retiran los derechos políticos, estos no son ‘retroactivos’, este cargo fue dado por los ecuatorianos en 2023, a ver si nos ponemos serios algunos medios de comunicación y juristas”, señaló Abad.
En el mensaje Abad especulaba que no debería sorprender la resolución “y que mañana sorpresivamente el presidente recién pida licencia”. Explicó que “ayer tenía que haberlo hecho de acuerdo a la Ley para el debate y no lo hizo”.
Se refería al debate obligatorio que mantuvieron Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), y su rival para la segunda vuelta, la correísta Luisa González, la candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
¿Fraude constitucional?
Abad apuntó que “suspender derechos políticos no equivale a destituir”, porque “una sanción del TCE no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta, y hacerlo sería un fraude constitucional”.
Añadió que el TCE no puede cesar a una autoridad electa por voto popular, pues esa competencia “está reservada” a la Asamblea Nacional (Parlamento) mediante un juicio político.
“Suspender mis derechos políticos no es igual a destituirme del cargo encomendado por el pueblo en urnas para cumplir mi función natural y propia que es ‘reemplazar al presidente en su ausencia’”, anotó.
El pulso que Noboa y Abad mantienen desde la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023 -sin explicación pública- se agudizó y enredó entre demandas por violencia política de género, suspensión del cargo a Abad (decisión anulada luego por una jueza) y decretos presidenciales que el gobernante emitió para mantener alejada a quien le acompañó en la papeleta electoral.
Durante la campaña para la primera vuelta, Noboa no pidió licencia del cargo y evitó delegar el cargo en Abad. Solo se ausentó en los días que tenía actividades electorales, en los cuales delegó sus funciones a Cynthia Gellibert, a quien él había designado, por decreto, como “vicepresidenta encargada”. Ese proceder fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.
Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados el domingo 13 de abril a las urnas para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o llevan al correísmo a recuperar el poder de la mano de González, que se convertiría en la primera mujer en ganar unos comicios presidenciales en la historia de Ecuador. EFE
