La Fiscalía General del Estado informó que un juez de Garantías Penales que conoció el caso acogió los elementos de convicción presentados por Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio contra Antonio Eliseo T. Ch. y Luis Jonathan M. N., militares en servicio activo, procesados por el delito de ingreso de artículos prohibidos a la Penitenciaría del Litoral.
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El hecho, según la Fiscalía, ocurrió el 4 de febrero de 2024, cuando personal militar que se encontraba en el Pabellón 3 del centro carcelario alertó sobre el posible ingreso de dos teléfonos celulares por parte de los ahora procesados.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante la inspección, los dispositivos fueron hallados debajo de una silla tipo pupitre, en un casillero y cubiertos con hierba. Presuntamente, los ahora procesados los habrían ocultado en ese lugar.
Tras su aprehensión, los militares fueron trasladados a la Unidad Judicial Cuartel Modelo, donde un Juez ordenó su prisión preventiva. En la audiencia preparatoria de juicio, el Fiscal de la Unidad de Soluciones Rápidas a cargo del caso presentó los elementos de convicción recabados, entre ellos: las versiones de los agentes policiales, el informe del reconocimiento del lugar de los hechos, la pericia informática practicada a equipos móviles y cámaras de video, la inspección ocular técnica, el informe investigativo elaborado por la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional y la denuncia presentada por el oficial de las Fuerzas Armadas que intervino en el caso.
Además del llamado a juicio para los procesados, el Magistrado ratificó la prisión preventiva en su contra y admitió la solicitud de Fiscalía respecto a la retención de valores, con el fin de garantizar el pago de la eventual multa y la reparación al Estado. También se aprobó la solicitud de Fiscalía para incluir al denunciante en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.
Fiscalía inició este proceso con base en el artículo 275, incisos segundo y quinto, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La normativa establece que el ingreso de artículos prohibidos a los centros penitenciarios será sancionado con hasta seis años de privación de libertad, una multa de hasta veinte salarios básicos unificados y una reparación integral para la víctima.
