Estefanía Oña denuncia una presunta mala práctica médica en una cirugía de escoliosis realizada a su hija de 13 años, Samantha Loachamín. Según la madre, la menor sufrió complicaciones tras el procedimiento y permanece en estado crítico. La familia exige justicia y apoyo para su recuperación.
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Intervención y complicaciones tras la cirugía
La cirugía de escoliosis fue realizada en una reconocida casa de salud privada. Según la madre, el procedimiento, que inicialmente fue considerado de bajo riesgo, derivó en graves complicaciones. La menor presentó dificultades respiratorias y fallas en su movilidad después de la intervención.
“Como no había insumos, el doctor del hospital Baca Ortiz nos derivó a una clínica privada, donde le realizaron la cirugía el 15 de marzo, ya que Sammy tenía problemas respiratorios. Sus órganos, especialmente los pulmones, estaban comprometidos, por lo que ya no podía respirar”, señala Oña.
La familia sostiene que el médico que realizó la intervención no proporcionó información clara sobre lo ocurrido durante la operación. Además, aseguran que la niña no recibió la atención adecuada tras manifestar los primeros síntomas de complicaciones.
“Supuestamente, todo salió bien, pero al día siguiente notamos al doctor nervioso. Nos dijo que había ocurrido algo fortuito, que no debía haber rectificado el 95% de la columna, sino solo el 85%. Luego, al hacer una tomografía, nos informaron que los tornillos no estaban ubicados correctamente en la columna vertebral y que había afectado la médula en un 25%. Le realizaron otra cirugía para retirar todas las placas y barras de titanio”, explica Oña.
Agravamiento de la condición de Samantha
Según Estefanía Oña, Samantha comenzó a perder signos vitales y estuvo a punto de sufrir un paro respiratorio. “Como ya no quería que el mismo doctor la atendiera, porque quería realizarle una tercera cirugía, decidí trasladarla a otro hospital, el único que tenía UCI pediátrica de tercer nivel”, relata.
“Ingresó de emergencia y el doctor que la recibió me dijo que tenía que tomar una decisión, porque tenía solo un 1% de probabilidad de vivir. Uno de los tornillos estaba cerca de la vena aorta”, agrega la madre.
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A pesar de salir de la intervención, Samantha entró en coma. Posteriormente, los médicos informaron a la familia que la niña no podría mover ninguna de sus extremidades y le realizaron una traqueostomía, además de una cirugía adicional para retirar los tornillos.
“Después de 60 días en UCI pediátrica y 20 días en hospitalización, nuestra vida cambió. Pasamos de una habitación con una cama de princesas a un cuarto de hospital con una cama hospitalaria. Este doctor destruyó muchos sueños e ilusiones, y ahora dice que no hizo nada”, lamenta Oña.
Denuncias y proceso legal
Estefanía Oña señala que el médico que operó a su hija la denunció por intimidación, debido a que le pidió ayuda para enfrentar la situación que vivía Samantha.
Asimismo, menciona que la clínica donde fue operada la niña pertenece a un grupo médico familiar y que el doctor sigue trabajando en el hospital Baca Ortiz.
“Sigue operando a más niños. Después de todo esto, los mensajes que hemos recibido han permitido salvar a dos menores”, afirma.
Oña solicita ayuda a la Fiscalía para contratar a un perito legal especializado en traumatología y así acelerar el proceso judicial.
Por su parte, el abogado de la familia, Galo Quiñónez, destaca que el cambio de fiscal en el caso permitió la formulación de cargos.
“Gracias a Dios se abrió una luz de justicia. Cambiaron al fiscal que llevaba la causa y el nuevo fiscal tomó la decisión de formular cargos. Tenemos varios elementos de prueba, como un examen médico legal y versiones de testigos. El miércoles se realizará la audiencia de formulación de cargos, y esperamos que el fiscal analice el expediente para determinar que el médico actuó con negligencia”, explica Quiñónez.
Posibles sanciones legales
El abogado también cuestiona que el médico siga ejerciendo en el sistema de salud pública.
“El artículo 152, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal establece una pena de 5 a 7 años por el delito de lesiones. Además, existe una agravante en el artículo 47 que podría aumentar la pena a 9 años y 4 meses. Sin embargo, el artículo 152, numeral 5, inciso 3, señala que, en casos de mala praxis médica, la sanción solo puede llegar hasta el cuarto de la pena mínima. Esto significaría aproximadamente 2 años y 4 meses, lo cual no es suficiente para el daño causado a una niña”, sostiene la defensa de la familia.
La familia de Samantha continúa en la lucha por justicia y espera que el caso siente un precedente en el sistema de salud ecuatoriano. La audiencia de formulación se está llevando adelante este miércoles 12 de marzo, en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Metro Ecuador se intentó comunicar con el Doctor que habría operado a Samantha Loachamín, pero hasta el cierre de esta nota las llamadas y mensajes no fueron respondidos.
