El abogado Fernando Bastias, representante de la familia de los menores desaparecidos y hallados sin vida en Taura (Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael y Josué Arroyo), se pronunció sobre el video presentado por la defensa de los 16 militares procesados por presunta desaparición forzada, el Dr. Jesús López. Según el jurista, este material no es nuevo y ya había sido analizado previamente en instancias judiciales.
“Ese video ya fue conocido por la Fiscalía. No se trata de una prueba que cambie el sentido de la investigación ni que desvirtúe la imputación. No aporta nada distinto a lo que ya se ha investigado”, señaló Bastias en entrevista con Metro Ecuador.
El material audiovisual fue presentado por el abogado de los militares con el argumento de que demostraría que los niños no fueron detenidos ilegalmente, como sostiene la acusación. Sin embargo, el representante de la familia de las víctimas sostiene que no hay registros oficiales que respalden la legalidad del procedimiento realizado por los uniformados.
Detalles del video y postura de la defensa
En el video, captado el 8 de diciembre de 2024, se observa a varias personas bajo un puente y, minutos después, a dos menores que se acercan a un grupo de personas. Posteriormente, una patrulla militar llega al sitio. Para la defensa de los procesados, esta grabación podría modificar el rumbo del proceso.
No obstante, Bastias insistió en que la única manera de justificar una detención es con documentación oficial. “Si no hay un informe de detención o una notificación a una autoridad superior, la acción es arbitraria”, enfatizó.
El abogado también cuestionó la intención de la defensa de los militares al presentar este material en la etapa procesal actual. “Si este video era tan relevante, ¿por qué no lo presentaron antes? La estrategia de la defensa parece estar dirigida a generar dudas en la opinión pública, más que a aportar elementos jurídicos sólidos”, afirmó.
A continuación las declaraciones del abogado de los militares:
Avances del proceso judicial
Hasta el momento, la Fiscalía sostiene que no existen pruebas de que los menores hayan cometido un delito y que, por lo tanto, su detención no tenía justificación. Además, los cuerpos de los niños fueron hallados días después cerca de un estero, en la parroquia de Taura, lo que llevó a la apertura de una investigación por desaparición forzada y posteriormente, por la muerte de los menores.
La defensa de los militares ha solicitado la revisión de la prisión preventiva dictada contra los 16 procesados, diligencia que se llevará cabo este miércoles 19 de febrero de 2025, y será clave para determinar si los uniformados seguirán detenidos mientras avanza la investigación.
El delito de desaparición forzada está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena de entre 22 y 26 años de prisión.
