Jueces de la Sala Penal suspendieron la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por los 16 militares involucrados en la desaparición forzada de los menores de Las Malvinas. La resolución se informará este 20 de febrero a las 10:00, según la Fiscalía General del Estado.
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Se trata del caso de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
La noche del 8 de diciembre, los menores fueron aprehendidos por 16 militares de una patrulla, que había sido alertada de que en la zona ocurría un asalto. Los subieron a una camioneta y se los llevaron.
Según la versión de los soldados, trasladaron a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y los dejaron en libertad. Después de eso se perdió totalmente el rastro de los menores.
La diligencia fue con la presencia del juez a cargo de la causa, mientras que el resto de las partes se conectaron de manera virtual.
Familiares de los menores, que siguen la diligencia de forma telemática, esperan que se mantenga la medida de prisión preventiva en contra de los militares implicados en el caso.
A su vez, los representantes de los militares exponen sus argumentos para revertirla.
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Los servidores militares se encuentran con prisión preventiva en Latacunga por el presunto delito de desaparición forzada.
Vulneración de derechos
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de las familias de los menores, rechazó el pedido del Gobierno y dijo que estaban equivocados al creer “que la desaparición forzada solo es un delito”, cuando “también es una vulneración de derechos”.
