José Patricio Ll. O., Luis Marino V. C. y Samuel Alfredo Q. A., sospechosos de la desaparición involuntaria con resultado de muerte del ingeniero quiteño Julio Vaca, fueron detenidos el 6 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Quito. La captura se produjo mientras los tres implicados cumplían con presentaciones periódicas, una medida cautelar impuesta en un proceso previo relacionado con secuestro extorsivo, otro proceso aparte del caso de muerte y desaparición de Vaca.
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El hallazgo del cuerpo y el avance de la investigación
La desaparición de Julio Vaca fue reportada por sus familiares el 2 de febrero de 2025. La víctima, un ingeniero de 32 años, había sido vista por última vez el 1 de febrero en la madrugada, cuando se encontraba en la zona de Quitumbe. A través de investigaciones, la Fiscalía confirmó que Julio abordó su vehículo y, poco después, fue interceptado por un automóvil azul, de donde descendieron tres personas que lo abordaron y lo trasladaron en dirección desconocida.
El análisis de las transacciones bancarias de Vaca reveló un consumo de combustible en una estación de la vía Alóag-Santo Domingo durante la madrugada del 1 de febrero. Las grabaciones del peaje mostraron que, minutos después de que el vehículo de la víctima pasara por allí, el automóvil azul también cruzó el punto. Horas más tarde, el cuerpo de Julio Vaca fue encontrado en la parroquia Patricia Pilar, en Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, y fue identificado por sus familiares.
Detención de los sospechosos y prisión preventiva
Con los indicios recolectados, la Fiscalía coordinó la incautación del vehículo azul y la detención de los sospechosos. Los tres hombres fueron aprehendidos mientras acudían a firmar su presentación periódica en la Fiscalía, abordo del mismo automóvil azul que, según la investigación, habrían utilizado en el crimen.
El 8 de febrero de 2025, el Juez del caso dictó prisión preventiva para José Patricio Ll. O., Luis Marino V. C. y Samuel Alfredo Q. A. El delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte está tipificado en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de entre 22 y 26 años de cárcel.
