Las elecciones presidenciales y de asambleístas del 9 de febrero de 2025 en Ecuador han resultado en una Asamblea Nacional altamente fragmentada, con Acción Democrática Nacional (ADN) que, hasta los resultados preliminares del medio día de este 10 de febrero, estaría obteniendo entre 68 o 69 curules y Revolución Ciudadana (RC) 64 o 65. Sin embargo, todo dependerá del resultado cuando culmine el conteo del 100% de las actas en el CNE.
Este escenario, según el abogado y experto en legislación Marco De La Cruz, presenta desafíos significativos para la gobernabilidad del país.
De La Cruz destaca que, a diferencia de periodos legislativos anteriores donde existía una mayoría clara, ahora se presentan dos bloques legislativos grandes, lo que complicaría la toma de decisiones y la construcción de consensos.
Además, enfatiza que ninguno de estos bloques, por sí solo, alcanzaría los 77 votos necesarios para una mayoría absoluta en el pleno, lo que obliga a buscar alianzas con independientes o partidos más pequeños para aprobar leyes y reformas.
En cuanto a decisiones más complejas, como juicios políticos o reformas constitucionales, se requiere una mayoría calificada de 101 votos, lo que hace aún más imperiosa la necesidad de acuerdos interpartidistas.
“Ahora, por el incremento de asambleístas a 151, cambian también las mayorías. Por ejemplo, hoy en 137 asambleístas, la mayoría absoluta que es para las decisiones que se toman en el Pleno eran 70 votos, con este incremento se van a requerir 77 votos. Y para temas de decisiones álgidas, la mayoría requerida es la mayoría calificada, las dos terceras partes, eran 92 votos. Con la nueva Asamblea, la mayoría calificada serían 101 votos. Entonces sí o sí van a tener que llegar a consensos”, explica De La Cruz.
Por su parte, Pachakutik, lograría ocho curules, el Partido Social Cristiano obtendría seis puestos.
Este panorama sugiere que el próximo gobierno enfrentará una Asamblea fragmentada, donde la capacidad de formar coaliciones será esencial para la estabilidad política y la implementación efectiva de políticas públicas.
