La Policía Nacional pidió a la Fiscalía que determine si las armas con las que se asesinó al menor afrodescendiente de 14 años el pasado 30 de enero durante un operativo realizado en el Guasmo, Guayaquil le pertenecen o no a la institución, según informó en un comunicado.
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La medida fue anunciada después de que en la mañana del martes organizaciones defensoras de derechos humanos hicieran público el caso de Miguel Ángel Rodríguez y denunciaran una presunta ejecución extrajudicial perpetrada por agentes de seguridad en medio de un operativo policial y militar realizado en el sector del Guasmo Sur.
Los denunciantes dijeron que Rodríguez se encontraba en el parque del barrio junto a su hermano mayor, Juan José, y un amigo cuando decenas de policías y militares llegaron a la zona.
Desgarrador relato del padre de los menores:
El padre de los menores, Milton Rodríguez, explicó a EFE que estaba en su casa cuando escuchó que afuera había “un alboroto”. Salió y vio la llegada de las fuerzas de seguridad en motos y camionetas e inmediatamente escuchó unos disparos.
Volvió a su casa para proteger a su familia cuando llegó su hijo Juan José, de 16 años, llorando y pidiéndole ayuda. “Papi, no me dejes morir, me hirieron”, recordó que le dijo.
Rodríguez dijo que los agentes les habían disparado a sus dos hijos y al amigo de ellos, pero que Miguel Ángel falleció en el hospital por la gravedad de las heridas que le ocasionaron los cuatro tiros que recibió.
La Policía dijo en ese entonces que el operativo se había realizado con el objetivo de atrapar a supuestos integrantes de la banda criminal Los Lagartos, una de las organizaciones criminales que el Gobierno denominó como “terroristas” tras declarar hace un año al país bajo “conflicto armado interno” contra el crimen organizado.
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Producto de esa operación, dijo la institución, tres personas resultaron heridas “luego de un enfrentamiento armado”. Sin embargo, el padre negó que los menores tuvieran armas.
En su comunicado, publicado en su cuenta de la red social X, la Policía dijo que, en caso de que las investigaciones determinen que el arma usada para disparar al menor sí les pertenece, “se analice las circunstancias en que se hubiere hecho el uso del arma de fuego, con imparcialidad, transparencia, profesionalismo y agotando todas las hipótesis investigativas”.
Además, indicó que había solicitado que la investigación se traslade a una unidad especializada de Fiscalía, en Quito, “a fin de que no exista ninguna intromisión en la zona en la que se produjeron los hechos”.
Este caso se registra dos meses después de que cuatro niños afrodescendientes, también del sur de Guayaquil, fueron detenidos irregularmente por una patrulla militar y después aparecieron asesinados en una zona rural a unos 40 kilómetros de la ciudad, si bien los militares aseguran, en su versión de los hechos, haberlos liberado con vida.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos registran otras 27 víctimas de desapariciones presuntamente a manos de patrullas militares durante este año bajo el “conflicto armado interno”.
Hasta el momento también existen más de 200 casos denunciados por excesos en el uso de la fuerza, 80 casos de tortura y 15 ejecuciones extrajudiciales, según reportes de Fiscalía citados por la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
