La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este jueves 30 de enero de 2025, que vinculó al sargento segundo de Policía, José Carlos B. T., al proceso penal por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio en Quito. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más.
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Este caso se refiere a un incidente ocurrido el 14 de noviembre de 2024, informó el Fiscal del caso a la Jueza de Garantías Penales que conoce la causa durante la audiencia de vinculación llevada a cabo el 27 de enero de 2025, según el Ministerio Público.
En la madrugada de ese día, según la Fiscalía, dos policías ‒en un patrullero‒ verificaron que varias personas, aficionadas a los autos y a los “piques”, estaban reunidas –y posiblemente libando– en la Av. Simón Bolívar y Granados, a la altura del camposanto Monte Olivo, en el norte de Quito.
Los agentes llamaron al ECU 9-1-1 para pedir colaboración y acudieron dos unidades policiales adicionales. Una de ellas, junto con la unidad que alertó, desalojó a los libadores, mientras la tercera se estacionó en una gasolinera cercana.
El sargento no habría tomado medidas para prevenir, según Fiscalía
Un auto rojo salió a gran velocidad de lugar, seguido de una camioneta negra que se dirigió a la gasolinera, donde se encontraba el patrullero del sargento segundo José Carlos B. T. y el policía Roberto Jair P. C., ya procesado en este caso.
La Fiscalía sostiene que Roberto Jair P. C. habría disparado dos veces durante la intervención mientras los vehículos avanzaban. Uno de los disparos impactó al conductor del auto rojo, quien resultó herido, y el segundo al conductor de la camioneta, quien falleció minutos después en el hospital.
El sargento José Carlos B. T., de acuerdo con el Ministerio Público, que presuntamente presenció los disparos, no habría tomado ninguna medida para prevenir un resultado lesivo ni habría intervenido para evitar la acción peligrosa e injustificada de su subalterno; según se observa en un video periciado por Fiscalía y presentado como elemento de convicción para vincularlo a la instrucción fiscal.
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El uniformado recibió medidas alternativas
Al término de la audiencia, el Juez del caso ordenó que el Sargento se presente semanalmente ante la Fiscalía de Derechos Humanos y le impuso la prohibición de salida del país.
Esto se basa en el artículo 537, numeral 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) –reforma del 22 de agosto de 2022–, que establece medidas sustitutivas para miembros de la Policía Nacional en procesos vinculados a hechos ocurridos durante el cumplimiento de su deber.
La extralimitación en la ejecución de un acto de servicio está tipificada en el artículo 293 del COIP. Este delito establece que el uso excesivo de la fuerza, sin observar los principios legales, puede llevar a una pena de prisión de siete a diez años si causa la muerte de una persona.
