Las diligencias judiciales en el Caso Malvinas avanzan con nuevos procedimientos legales. La Fiscalía continúa investigando la presunta desaparición forzada de Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael y Josué Arroyo. Por este caso, el pasado 31 de diciembre de 2024, se dictó prisión preventiva contra varios uniformados implicados. Además, se abrió un segundo proceso relacionado con la muerte de los menores, que sigue bajo investigación.
Los militares procesados han apelado la prisión preventiva. La audiencia de apelación está programada para este jueves 23 de enero de 2025, a las 13:45.
Reconstrucción de los hechos
Fernando Bastias, abogado de las familias de los cuatro menores, confirmó a Metro Ecuador que la reconstrucción de los hechos se realizará el próximo jueves 30 de enero de 2025.
Este procedimiento legal busca recrear las circunstancias del presunto delito para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. La reconstrucción se basa en pruebas recopiladas previamente, como declaraciones de testigos, informes periciales, fotografías, videos y otros elementos relevantes para la investigación.
Posibles responsabilidades penales
En una primera entrevista con Metro Ecuador, el abogado Bastias señaló que, además de la desaparición forzada, la Fiscalía investiga posibles ejecuciones extrajudiciales relacionadas con el caso. El Ministerio Público debe determinar la participación y responsabilidad de los presuntos implicados, incluidos militares y posibles miembros de bandas criminales.
Bastias declaró:
“Si se evidencia participación, así sea mínima, de los militares, también van a ser procesados por ejecución extrajudicial. Si se evidencia participación de bandas del crimen organizado, los integrantes de la banda van a ser procesados por asesinato. Si hay complicidad entre militares y bandas del crimen organizado, ambos serán procesados por ejecución extrajudicial”.
El Estado como responsable
El abogado criticó la postura de los defensores de los 16 militares procesados por el presunto delito de desaparición forzada, calificándola como desinformativa. Además, reiteró que en la primera audiencia de formulación de cargos se evidenció la materialidad del delito y la existencia de la desaparición forzada.
Finalmente, Bastias enfatizó:
“El Estado es responsable por la muerte y la desaparición de los cuatro niños, independientemente de las responsabilidades penales individuales que se determinen en los dos casos”.
