La Fiscalía General del Estado llevó a cabo la noche del 16 de enero de 2025 una serie de seis allanamientos, en la morgue de Quito y en los domicilios de los presuntos involucrados. Esto como parte de una investigación por presunta asociación ilícita. Los operativos, liderados por la Fiscalía, junto a la Policía Nacional, se centraron en miembros del Servicio de Medicina Legal, quienes estarían implicados en el cobro indebido a familiares de fallecidos para agilizar la entrega de los cuerpos.
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Los presuntos involucrados exigían pagos ilegales para agilizar la entrega de cuerpos. Además, se estableció una red de complicidad con funerarias, quienes ofrecían servicios exequiales a cambio de beneficios dentro de la Institución.
“Los investigados, además, los habrían direccionado a una funeraria, de la que estarían recibiendo “comisiones” y entregado información de los fallecidos para que contacten a las familias. En el operativo se levantaron indicios”, indicó la Fiscalía en su cuenta de X.
La Policía Nacional indicó que resultado de este operativo, cinco personas fueron aprehendidas por estar presuntamente implicadas en tráfico de influencias y asociación ilícita. Se trata de: Luis Ch., Carlos Q., Santiago Ch., Josselyn Ch. y Nicole M.
La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Investigación de la Conducta Policial Z9 (SICP) y en coordinación con la Fiscalía General del Estado, permitió descubrir un modus operandi de esta red delictiva, donde estarían implicados servidores policiales y funcionarios que laboran en el departamento de Medicina Legal.
Durante los allanamientos realizados en los domicilios de los presuntos implicados, se incautaron una serie de indicios vinculantes, que apoyaran en las investigaciones de este caso:
- 14 teléfonos celulares
- 3 computadoras portátiles
- Documentación relacionada con personas fallecidas
- Prendas de vestir de diferentes instituciones
- Credenciales de acceso a instituciones públicas
La Fiscalía y la Policía Nacional han manifestado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de los implicados y erradicar estas prácticas que vulneran los derechos de los ciudadanos en momentos de profundo dolor. Se espera que, en los próximos días, se realicen las audiencias correspondientes y se tomen las medidas legales pertinentes contra los involucrados.
