El pasado 31 de diciembre de 2024, los 16 militares investigados en el Caso Malvinas, relacionado con la desaparición y muerte de Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael y Josué Arroyo, fueron procesados y el juez de la causa dictó prisión preventiva en su contra. En una exclusiva con Metro Ecuador, el abogado defensor de los uniformados, Dr. Jesús López, compartió nuevos detalles sobre el caso que ha conmocionado al país.
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Según López, la Fiscalía solicitó una audiencia de formulación de cargos para los miembros de las Fuerzas Armadas, imputándolos por el delito de desaparición forzada. Además, el Ministerio Público solicitó que se enviaran copias certificadas del expediente a otra Fiscalía para investigar un posible delito de secuestro. Esto estaría relacionado con el testigo, el señor Tomalá, quien según la versión oficial, prestó su teléfono a una de las personas fallecidas para que llamara a su padre.
“Es el testigo que dice haber prestado el teléfono para que una de las personas fallecidas realice la llamada al señor padre de familia”, explicó el abogado.
Contradicciones en la versión
El abogado señaló que la versión de Tomalá ha presentado ciertas contradicciones. En particular, mencionó un testimonio del padre de dos de los fallecidos, quien afirmó que durante la llamada telefónica de aproximadamente cinco minutos el pasado 8 de diciembre, Tomalá le dijo: “Ya sabes, tienes para venirlos a ver aquí máximo en 45 minutos, porque a esos muchachos se los va a llevar la mafia”. López también agregó que, posteriormente, el padre de los jóvenes volvió a recibir una respuesta del testigo tras insistir con las llamadas, en la cual Tomalá le respondió de forma agresiva, con palabras soeces y reclamaciones.
El abogado también explicó que Tomalá había indicado que pasó aproximadamente una hora entre la llamada y la llegada de la Policía, y que él se encerró en su casa para evitar contacto con las autoridades. Esta versión coincide con lo que manifestó el señor Arroyo, padre de dos las víctimas, quien aseguró que Tomalá le mencionó la presencia de unas 10 motocicletas, más no tres.
Un informante corrobora la presencia de las motocicletas
López también destacó que un informante, quien observó la llegada de las motocicletas al lugar, ha corroborado que eran aproximadamente diez, y que estaban vinculadas a un grupo del crimen organizado. El informante agregó que las víctimas, al parecer, no estaban desnudas, como lo había mencionado Tomalá, y que escuchó que las personas involucradas sabían a dónde iban a llevar a los jóvenes.
“El informante dijo que busquen en tal lugar, y fue allí donde se encontraron las osamentas. La información que proporcionó es real”, aseguró el abogado.
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Investigaciones en curso
En cuanto a las investigaciones, López precisó que no hay más detenidos, pero sí personas bajo investigación. Según él, la Policía Nacional tiene información suficiente que podría llevar a la captura de los responsables de este crimen. Los militares implicados en el caso, agregó, no tuvieron participación en los hechos ocurridos después de la liberación de las víctimas.
Por otro lado, López afirmó que hay seis personas siendo investigadas, quienes pertenecerían a un grupo criminal organizado. Además, reiteró que no se puede considerar desaparición forzada, ya que no se han encontrado los elementos necesarios para este tipo de acusación.
Postura de los defensores de las familias de los menores
En contraste con la defensa de los militares, el abogado de derechos humanos Fernando Bastias, quien representa a las familias de los jóvenes fallecidos, manifestó que el tipo penal de desaparición forzada es el adecuado. Bastias explicó que este delito tiene características específicas, como la detención ilegal, la incomunicación y la negativa de reconocimiento de la responsabilidad.
“Los 16 militares son penalmente responsables por la desaparición forzada. No se puede argumentar que no fue una desaparición forzada solo porque los dejaron en libertad, ya que no hay informes ni bitácoras que validen ese acto”, concluyó Bastias.
Este caso continúa siendo un tema de conmoción en Ecuador, mientras las investigaciones avanzan en busca de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.
