Organizaciones sociales en el país rechazaron las disculpas públicas que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dio a las familias de los cuatro menores asesinados, quienes desaparecieron el 8 de diciembre tras ser aprehendidos por una patrulla militar en la ciudad costera de Guayaquil.
Lo hicieron por medio de una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes los representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que defiende legalmente a las familias.
En un video emitido en cadena nacional, el ministro Loffredo pidió disculpas a las familias de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), en cumplimiento con una sentencia de hábeas corpus en la que una jueza aceptó, el 24 de diciembre, que la desaparición de los menores sea investigada como “forzada” y con “responsabilidad del Estado”.
Sin embargo, en su intervención, el ministro rechazó que la justicia haya calificado este caso como una “desaparición forzada” y negó cualquier participación de su cartera y de las Fuerzas Armadas.
Además, señaló que llegarían “hasta las últimas consecuencias” para que “se sancione” la actuación de la jueza, ya que la misma, dijo, “ha dado paso a una persecución política”. Y agregó que “se deberá investigar” el uso de “la narrativa de los derechos humanos” en esta “persecución”.
Loffredo también criticó que en el proceso se hayan presentado testimonios de “amigos del juez”, como la presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Viviana Veloz, algo que fue rechazado por la institución, que tildó de “maliciosa” su declaración.
“En su rol como primer poder del Estado, actuó en conjunto con otra instituciones públicas y privadas, como una voz contra la ineficacia, la desidia y la complicidad en este grave suceso que conmocionó al pueblo ecuatoriano”, señaló el Parlamento en un comunicado.
El director de la CDH dijo que el ministro Loffredo “hace mal” en “resistirse” y en “amenazar a la juzgadora” y a las organizaciones que acompañan a las familias, y lamentó que “el Gobierno esté politizando el caso” al señalar que las denuncias se realizan con influencia de “poderes políticos partidistas”.
Con información de EFE
