Un atentado contra un policía tuvo lugar la noche del lunes 6 de enero de 2025, en la parroquia de Picoazá, en Manabí. Según declaraciones del uniformado a El Diario, los atacantes se movilizaban en motocicletas similares a las usadas por la institución y vestían uniformes parecidos a los de los agentes policiales. La Policía Nacional emitió se pronunció y emitió un comunicado sobre los hechos.
El oficial relató que los agresores dispararon contra él, pero logró esquivar el ataque. “Trataron de acabar con mi vida, hice una maniobra de evasión para salvar mi vida, entrando en un estado de desesperación”, expresó al medio. Además, cuestionó la respuesta del ECU 911 tras el atentado y manifestó sentirse desamparado por las autoridades.
El policía denuncia falta de apoyo tras el ataque y cuestiona la actitud de las autoridades
El agente señaló que antes del ataque había reportado irregularidades al Coronel Renán Miller, comandante de la Zona 4, y expresó su molestia ante la falta de acción. También lamentó que algunos dudaran de lo sucedido: “Me encuentro nervioso, pero a la vez más firme que nunca”, comentó.
La Policía Nacional anuncia investigaciones y refuerza la seguridad del agente
Desde la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Policía Nacional de la Zona 4, la institución emitió un comunicado explicando lo ocurrido. Según el documento, el servidor policial fue atacado por dos individuos armados mientras se movilizaba en su vehículo, pero resultó ileso.
“La Policía Nacional del Ecuador inmediatamente inició las diligencias investigativas y mantendremos nuestras labores operativas hasta identificar y capturar a los responsables de este hecho”, señala el comunicado.
Además, la institución enfatizó que la profesión policial implica riesgos inherentes, aunque rechazó categóricamente este tipo de actos. Por ello, para proteger al agente, se dispuso su traslado a un lugar de menor riesgo, junto con otras medidas de seguridad.
Finalmente, la Policía aclaró que, previo al incidente, ya se estaban llevando a cabo investigaciones administrativas relacionadas con las denuncias del uniformado, enmarcadas en la normativa legal vigente.
