La Fiscalía informó que con base en las pruebas presentadas, un Tribunal Penal que conoció la causa sentenció a treinta y cuatro años y ocho meses de prisión a Boris Adrián O. A., Josué Edixon M. M. y Cristopher Xavier S. V. por el asesinato de un ciudadano colombiano, ocurrido el 17 de enero de 2024 en la comuna San Rafael, parroquia Chanduy, en la provincia de Santa Elena.
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Según el Ministerio Público, el día del crimen, la víctima fue interceptada a las afueras de su domicilio y trasladada por los ahora sentenciados a una plantación de papayas donde laboraba. Allí lo asesinaron con varios disparos tras exigirle a su esposa el pago de USD 4.000 dólares, suma que ella no pudo entregar de inmediato.
Tras el asesinato, según la Fiscalía, los agresores huyeron en un vehículo, pero testigos que escucharon los disparos y observaron su fuga, proporcionaron detalles a las autoridades, como las placas del automóvil. Esto permitió a la Policía localizarlos minutos después en una gasolinera en la vía Chanduy-Guayaquil. Durante la detención, se hallaron evidencias que los vinculaban al delito, incluidas manchas de sangre en sus prendas. Según las autoridades, los procesados serían integrantes del grupo delictivo “Los Choneros”.
En audiencia de juzgamiento, el Fiscal a cargo presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales, como: informes investigativos, actas de autopsia y levantamiento del cadáver, pruebas de microscopía y genética forense, la experticia practicada a los videos de las cámaras de seguridad próximas al lugar de los hechos, la denuncia presentada por uno de los familiares de la víctima, entre otras.
El Tribunal Penal ‒por unanimidad‒ declaró culpables a Boris Adrián O. A., Josué Edixon M. M. y Cristopher Xavier S. V., calificándolos como autores del delito.
Además de la pena privativa de libertad, los magistrados impusieron una multa de 1.000 salarios básicos unificados y el pago de 10.000 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima, por parte de cada sentenciado.
El caso fue procesado conforme al artículo 140, inciso 1, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el asesinato con una pena de veintidós a veintiséis años. Se aplicó la agravante del artículo 47, numeral 5, del COIP, que incrementó la pena en un tercio.
