El martes, una jueza aceptó que la desaparición de cuatro menores sea investigada como “forzada” y con “responsabilidad del Estado”. La jueza Tanya Loor aceptó el recurso de hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión “no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos”.
La Fiscalía ha formulado cargos contra los 16 militares por el delito de desaparición forzada, por su presunta participación en los hechos.
La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) ocurrió la noche del pasado 8 de diciembre, después de una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
En videos, que circulan en redes sociales, se observa que militares detienen a los menores cerca de un centro comercial y los embarcan en una camioneta de uso castrense, donde los golpean y tienden en el piso.
Los uniformados, según las primeras versiones, trasladan a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y donde se pierde totalmente el rastro de los menores.
En la audiencia judicial del martes participaron los abogados del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, quienes pidieron a la jueza Loor que no depaso al hábeas corpus, debido a que los niños no se encuentran en manos del Estado y que su desaparición, según ellos, “no se dio en un contexto de custodia estatal ni de las Fuerzas Armadas”.
“Ellos fueron trasladados hasta las inmediaciones de la base de Taura, (pero) no existen indicios con los se pueda determinar que los niños fueron ingresados a una unidad militar”, dijo el capitán Leonardo Alvear, abogado del Ministerio de Defensa.
“Los niños fueron liberados por parte del personal militar”, agregó.
Además, señalaron que la aprehensión de los menores se dio porque la patrulla militar fue alertada de que, “aparentemente, habían cometido algún tipo de acto contrario a la ley”.
Sin embargo, el fiscal Christian Fárez señaló que en el proceso judicial que él investiga no existe ningún elemento que indique algún “acto ilícito que hayan cometido los niños”.
“No existe un parte policial que justifique, no existe un testigo ni una versión de nadie que el día de los hechos haya realizado ningún acto presuntamente ilícito. Es importante limpiar el nombre y evitar que en la carga mediática se pretenda desviar la atención presentándolos como presuntos delincuentes”, agregó Fárez.
Señaló que los militares debieron haber avisado al sistema Ecu 911 del hecho y haber puesto a los niños en manos de la unidad especial de la Policía. Ese “procedimiento es obligatorio”, mencionó.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo en una entrevista con Radio Centro mencionó que “Nada de lo que hayan hecho los niños justifica que el día de hoy estén desaparecidos”, aclaró al inicio de la entrevista.
Sobre el motivo de la aprehensión mencionó que se remite a los informes de los 16 miembros de la patrulla donde dice que “detienen un camión con contrabando y lo escoltan hasta la aduana. De regreso, al pasar por Mall del Sur, observa alrededor de 8 personas robándole a una mujer, se bajan aprehenden a tres y una cuarta es entregada por un ciudadano. Repito, esto no justifica que los niños estén el día de hoy desaparecidos”.
“Yo soy ministro de Defensa un año, pero padre por 30 años. Yo no voy a encubrir a nadie y las personas responsables pagarán por sus errores, pero así también no pagarán por errores que no han cometido. Todo lo que hizo mal esa patrulla, tienen que pagar por eso”.
