La Corte Constitucional de Ecuador admitió recientemente una solicitud de interpretación relacionada con la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad y la designación de una vicepresidenta encargada. El Dr. Carlos Yánez y el Abogado Alberto Limones, expertos en Derecho Constitucional, explicaron que este caso involucra no solo aspectos legales de la administración, sino también principios fundamentales como la separación de poderes, el respeto al mandato popular y la interpretación de normas sobre el ejercicio de los cargos de elección popular.
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Suspensión administrativa y su impacto en el mandato popular
El Ministerio de Trabajo justificó la suspensión de la vicepresidenta Abad bajo el argumento de “abandono injustificado del trabajo”. Sin embargo, Carlos Yánez señala que esta medida podría contradecir la naturaleza constitucional del cargo de vicepresidenta. Al ser un puesto de elección popular, la vicepresidencia está regida por la Constitución y no debería estar sujeta a normas laborales comunes. De acuerdo con el artículo 149 de la Constitución, el control y la destitución de los dignatarios electos corresponden a órganos específicos, como la Asamblea Nacional, mediante procedimientos establecidos. Este análisis subraya el riesgo de desvirtuar la voluntad popular expresada en las urnas.
Designación de vicepresidenta encargada y la interpretación de “ausencia temporal”
El presidente Daniel Noboa, amparándose en los artículos 146 y 150 de la Constitución, nombró a Sarahí Moya como vicepresidenta encargada. Sin embargo, Yánez cuestiona si la suspensión administrativa constituye una “ausencia temporal” que justifique este nombramiento. De ser así, podría sentar un precedente que permitiría que decisiones administrativas impacten directamente en la estructura del poder político.
El rol de la Asamblea Nacional y la competencia del Ejecutivo en este caso
Alberto Limones también destaca que la Asamblea Nacional tiene un papel fundamental en este tipo de decisiones, ya que el artículo 150 de la Constitución establece su participación en la aprobación o negación de cargos de funciones en casos de ausencia definitiva del presidente o vicepresidente. Aunque la Constitución no menciona explícitamente las ausencias temporales, el espíritu de la norma sugiere que el Legislativo debe intervenir en decisiones que alteren la estructura del poder ejecutivo. El caso plantea la pregunta de si un ministro de Estado puede tomar decisiones que afecten cargos de elección popular, lo que exige un análisis sobre los límites de las atribuciones ministeriales.
El rol crucial de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional deberá abordar cuestiones clave en su resolución, entre ellas: la definición precisa de “ausencia temporal”, la relación entre el mandato popular y las decisiones administrativas, y la delimitación de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Corte tiene la tarea de resolver la controversia actual y sentar un precedente que refuerce el estado de derecho y los principios democráticos de Ecuador.
