La Fiscalía informó que Juez de Garantías Penales dictó auto de llamamiento a juicio contra los policías en servicio activo Juan Carlos T. B. y Jaime A. A., acusados por el Ministerio Público, de la presunta ejecución extrajudicial de Francisco Cajigas Botina, ocurrida en noviembre de 2015 en la ciudad de Ibarra. Además, el magistrado mantuvo las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para los procesados.
Hechos investigados
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se remontan al 17 de noviembre de 2015, cuando Francisco Cajigas fue detenido por los policías procesados en la calle Juan José Flores, en Ibarra, bajo sospecha de robo. Tras ser trasladado a la Fiscalía de turno, se ordenó su liberación al no haber un denunciante.
Sin embargo, según los elementos presentados por el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Cajigas fue llevado al sector de la laguna de Yaguarcocha, donde presuntamente fue golpeado de forma deliberada, causándole la muerte por trauma craneoencefálico. Su cuerpo, reportado como desaparecido, fue hallado 13 días después en avanzado estado de descomposición.
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, se expuso que los procesados no informaron del incidente a sus superiores, al ECU 9-1-1 ni a la familia de Cajigas. Además, no registraron el hecho en el libro de novedades de la unidad policial.
Fundamentos legales y elementos de convicción
La Fiscalía sustenta su acusación en informes periciales, entre ellos los de criminalística, necropsia, antropología y entomología forense. También incluyó declaraciones de testigos y pruebas documentales recabadas durante la instrucción fiscal.
El delito de ejecución extrajudicial está contemplado en el artículo 85 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 22 a 26 años de prisión para funcionarios públicos que priven de la vida a una persona de manera deliberada en el desempeño de sus funciones.
Los procesados enfrentan este juicio bajo el principio de presunción de inocencia, que se mantendrá hasta que exista una sentencia ejecutoriada.
