En su regreso a la Casa Blanca, el nuevo presidente Donald Trump ha anunciado una medida que ya genera un intenso debate: la eliminación de la ciudadanía automática por nacimiento para los hijos inmigrantes en situación irregular.
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Esta política busca revertir el derecho consagrado en la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que toda persona nacida en el país es inmediatamente ciudadano americano, independientemente del estatus migratorio de sus padres, de la raza y de la etnia de la que provenga.
Detener migración ilegal es una prioridad durante el mandato de Trump
Trump, quien ha remarcado el hecho de que la seguridad fronteriza y la inmigración son pilares fundamentales de su política busca desalentar la migración irregular y reducir la carga sobre los servicios sociales del país.
A lo largo de su campaña ha expresado su objetivo por proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses y también su compromiso por asegurar que las leyes de inmigración sirvan al país y no se conviertan en una puerta de entrada para beneficios automáticos.
La propuesta enfrenta retos significativos. Los críticos señalan que sería necesario un cambio constitucional para invalidar la Enmienda 14, lo cual implicaría un proceso legal complejo y extenso. Organizaciones de derechos humanos y líderes de opinión sostienen que esta medida vulneraría principios fundamentales de igualdad y justicia.
Este controversial plan vuelve a dividir al país en un tema históricamente complejo. Los defensores de la propuesta creen que reforzará la seguridad nacional y la economía; los opositores, en cambio, ven en ella una amenaza a los derechos civiles y a la identidad inclusiva de Estados Unidos.
La discusión sobre la ciudadanía por nacimiento se ha reactivado con fuerza, y aún queda por ver si esta medida de Trump será aprobada o no, y cómo afectará el panorama político y social en el futuro cercano.
