La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años y cuatro meses de prisión para Jorge Antonio M. E. y Justin Jorkaet M. H., acusados de extorsionar, a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, a un comerciante en Guayaquil. Las sumas exigidas fluctuaban entre USD 1 000 y USD 5 000 a cambio de no atentar contra la integridad de la víctima, su familia y sus empleados.
PUBLICIDAD
La Unidad de Patrimonio Ciudadano de la Fiscalía inició la investigación tras la denuncia del comerciante, quien relató que recibió mensajes intimidatorios exigiendo un pago inicial de USD 5,000 y pagos mensuales de USD 1,000 para evitar represalias. Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar un total de USD 35,000.
Captura de los extorsionadores en operativo policial
En la última entrega pactada, la víctima acordó un encuentro en su local ubicado en la vía a la Costa, donde los extorsionadores acudieron a retirar el dinero. El comerciante había coordinado con la Fiscalía y la Policía, lo que permitió que se ejecutara un operativo que culminó en la detención de los sospechosos.
Jorge Antonio M. E. y Justin Jorkaet M. H., padre e hijo, se hicieron pasar por miembros de la organización delictiva “Los Tiguerones” para intimidar a la víctima. Tras su captura, ambos fueron trasladados junto con las evidencias recopiladas a la Unidad Judicial Cuartel Modelo y puestos a disposición judicial.
Pruebas presentadas durante el juicio
Durante la audiencia de juzgamiento, la fiscal del caso presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que demostraron la materialidad del delito de extorsión y la responsabilidad de los procesados. Entre las evidencias figuraron informes de la Policía Judicial, un informe del lugar de los hechos y el testimonio de la víctima, quien identificó a los responsables de recibir el dinero de la extorsión.
El Tribunal Penal acogió las pruebas y, por unanimidad, emitió la sentencia condenatoria para Jorge Antonio M. E. y Justin Jorkaet M. H., imponiendo además una multa de veinticinco salarios básicos y el pago de una reparación integral de USD 35,000 a la víctima.
La Fiscalía procesó este caso de acuerdo con el artículo 185, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de extorsión con penas de cinco a siete años de prisión. Sin embargo, las agravantes contempladas en los numerales 1, 2 y 3 de este artículo incrementaron la pena en un tercio, resultando en la sentencia de nueve años y cuatro meses.
