La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, propuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa. Tras un debate de más de tres horas, los 120 asambleístas presentes votaron a favor de la moción presentada por el Ejecutivo.
Esta normativa tiene como objetivo diversificar la matriz energética del país, que actualmente depende en gran medida de las centrales hidroeléctricas.
La dependencia en la generación hidroeléctrica ha llevado a Ecuador a enfrentar una crisis energética debido a la sequía que afecta al país y reduce la capacidad de estas fuentes de energía.
La nueva ley permite que los proyectos energéticos privados tengan una potencia de hasta 100 MW, gestionando los permisos solo con el Ministerio de Energía. Esto aplicará tanto para energías renovables no convencionales, como termoeléctricas, como para energías de transición, incluyendo la eólica, solar y geotérmica.
Cambios en los requisitos para inversión privada
Previamente, cualquier iniciativa privada que buscara generar más de 10 MW requería un concurso público; ahora, los proyectos existentes bajo este límite pueden solicitar aumentar su capacidad a 100 MW, previa evaluación técnica que asegure su viabilidad.
La legisladora Valentina Centeno, del bloque oficialista ADN, destacó que esta ley permite al Ministerio de Energía, junto con Petroecuador, convocar a concursos para proyectos de explotación y repotenciación de campos de gas natural, en un plazo máximo de 90 días.
Además, mencionó que la normativa facilita la importación de gas natural para generación energética, permitiendo que empresas privadas vendan esta nueva capacidad de megavatios al Estado.
Renovación del alumbrado público
La ley también insta a las empresas distribuidoras de electricidad a implementar un plan progresivo de renovación de alumbrado público, reemplazando las luminarias convencionales por tecnología LED y luminarias solares, lo que permitirá un ahorro en el consumo eléctrico.
Desde la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, sin embargo, advirtieron que esta normativa no resolverá de forma inmediata la crisis energética que enfrenta el país.
