En la Asamblea Nacional se inició este 23 de octubre el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, por presunto incumplimiento de funciones y por la incursión policial en la Embajada de México del pasado 5 de abril para detener al exvicepresidente Jorge Glas. Si el Pleno aprueba censurar a la funcionaria, este es el siguiente paso.
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Para censurar y destituir en un juicio político a un ministro de Estado se requieren los votos de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Es decir que, para censurar y destituir a Palencia, se necesitan al menos 92 votos (de 137), que representan la llamada mayoría calificada. De alcanzarse le impedirá ejercer cargos públicos durante dos años.
Así se establece en el artículo 131 de la Constitución de la República en donde se indica que se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y las y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá la dos terceras partes.
La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si del proceso de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.
La ministra Palencia acudió a la Asamblea a primera hora y contó con la presencia de parte del Gabinete en respaldo a su gestión. El Gobierno defiende los resultados de su plan de seguridad llamado ‘Fénix’, pero los legisladores proponentes del juicio los cuestionan.
Sin ejercer cargo público
El enjuiciamiento político a funcionarios públicos se procederá por el incumplimiento de las competencias que les asignan la Constitución y la Ley.
Los enjuiciados políticamente no podrán ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. En caso que la persona ya no ocupe el cargo, su censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público por dos años.
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Exministro censurado
En mayo de este año, la Asamblea censuró al exministro del Interior Juan Zapata, que ocupó el cargo durante el mandato presidencial de Guillermo Lasso (2021-2023), y le achacó el incremento de la violencia y la inseguridad en el país durante su administración, entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023.
Con 118 votos a favor, el Legislativo ecuatoriano, integrado por 137 escaños, censuró a Zapata y le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante los próximos dos años.
El asambleísta socialcristiano Carlos Vera, el principal interpelante del proceso, aseguró que la censura a Zapata, pese a no estar ya en el cargo, es una demostración de que el Parlamento lucha contra las malas prácticas de funcionarios que han afectado los intereses de la población.
