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Alquilaban a sus hijas por 5 dólares al día a los vecinos para que vendieran chupetes y pidieran limosna

Hay cuatro procesados por presuntos trabajos forzados con fines de explotación laboral.

Limosna
Limosna (Captura de pantalla)

Una bebé de un año lloraba desconsolada en los brazos de Enio José T. A., de 57, mientras ambos estaban en una esquina cercana al centro comercian San Luis, en Sangolquí, vendiendo chupetes y pidiendo limosna.

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Los gritos desesperados de la pequeña llamaron la atención de policías que patrullaban el sector. Al acercarse al hombre, este no pudo justificar ningún parentesco con la bebé. En ese momento, José Luis S. G., alias ‘Gocho’, al notar la intervención policial, intentó retirarse disimuladamente del lugar con otras tres niñas de 5, 7 y 11 años, que también estaban pidiendo limosna.

Disimuladamente, los agentes siguieron a ‘Gocho’ y observaron cómo ingresaba a una vivienda junto con las niñas. El hombre que sostenía a la bebé señaló a los policías el mismo lugar.

En la casa rentera se encontraban dos mujeres: Yukeisi Lorena C. M., de 33 años, y Keyla Nazareth B. C., de 26, quienes afirmaron ser las madres de las cuatro niñas. Explicaron que, debido a la falta de un trabajo estable, alquilaban a sus hijas por 5 dólares diarios a los vecinos para que vendieran chupetes y pidieran limosna.

Los vecinos confirmaron esta información y aseguraron que las niñas eran alquiladas y, además, las sometían a maltratos físicos.

El 19 de octubre de 2024, las cuatro personas fueron aprehendidas en delito flagrante, bajo sospecha de trata de personas con fines de explotación laboral. Las niñas fueron trasladadas a casas de acogida en Quito, y la Embajada de Venezuela en Ecuador fue informada del caso.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, instala la tarde del 20 de octubre de 2024, Fiscalía relató los hechos y presentó elementos de convicción en contra de los procesados.

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Al concluir la diligencia, el Juez ordenó prisión preventiva para los cuatro procesados y anunció la apertura de una instrucción fiscal de treinta días.

Este caso se procesa por el delito de trabajos forzados u otras formas de explotación laboral, tipificado en el artículo 105, segundo inciso, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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