La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un centro de rehabilitación en el sector de Conocoto, Valle de los Chillos, que operaba sin los permisos requeridos para el tratamiento de personas con alcoholismo y drogodependencia. Esta intervención se llevó a cabo tras una alerta emitida por la Policía Nacional.
Durante el operativo, se encontraron 37 personas hacinadas, incluidos dos menores de edad, durmiendo en condiciones insalubres sobre colchones viejos en el suelo, rodeados de ropa sucia acumulada. Varios pacientes denunciaron haber sido encerrados en un pozo seco como castigo por parte de los encargados de este centro, quienes no contaban con la formación necesaria en salud.
La intervención fue motivada por la fuga de varias personas de este lugar, quienes se presumían peligrosas. Sin embargo, la Policía Nacional logró capturar a siete de los once pacientes, y ninguno de ellos tenía antecedentes penales.
En la avenida Lola Quintana, un transeúnte informó a los agentes que un grupo de jóvenes, con una actitud inusual, se le había acercado solicitándole dinero. Según el testigo, luego se dirigieron hacia la Autopista General Rumiñahui.
Tras un patrullaje, los policías localizaron al grupo a la altura del Puente Seis, justo cuando abordaban una buseta escolar amarilla con destino a Quito. De inmediato, se solicitó apoyo de otras unidades y se logró interceptar el vehículo. El conductor explicó que los jóvenes le habían pedido que los transportara hasta la capital.
Denuncian maltrato en el centro de rehabilitación
Al revisar el vehículo y no hallar indicios de conflicto, los jóvenes confesaron a los uniformados que habían escapado del centro de rehabilitación debido a que sufrían agresiones físicas y malos tratos en el lugar.
Las presuntas víctimas, siete jóvenes de nacionalidad extranjera, fueron trasladadas a una casa de salud para recibir atención médica y ser evaluadas por el galeno de turno
Los responsables del centro podrían enfrentar una multa de hasta USD 3 680 dólares por operar esta actividad económica, clasificada como Categoría II.
El control sobre los centros de rehabilitación es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa metropolitana y proteger la salud y los derechos de quienes buscan una recuperación y reinserción social adecuada.
