Los agentes de policía Héctor Enrique J. y Joel Santiago A. se enfrentarán a un juicio penal por su presunta implicación en el delito de concusión. El Juez de la Unidad Judicial ha ratificado las medidas cautelares de presentación periódica y la prohibición de salida del país para los procesados, además de mantener las medidas de protección a favor de las víctimas.
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Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal encargado presentó evidencia sobre el caso. El 23 de abril de 2024, dos servidores policiales denunciaron ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía que el encargado del área de Rastrillo, donde se gestionan las armas de fuego en el Comando de Policía de la Subzona Azuay Nro. 6, había solicitado USD 100 dólares a cambio de incluirlos en la lista para recibir sus armas de dotación.
Las víctimas, con el fin de documentar la extorsión, tomaron fotografías de los billetes y, presuntamente, entregaron 80 dólares a Héctor Enrique J. como parte del pago.
Horas después de la denuncia, Héctor Enrique J. fue detenido en su lugar de trabajo. Durante la aprehensión, se encontraron evidencias clave, incluyendo un papel con los apellidos de las víctimas, un símbolo de dólar y el número “ochenta”, así como cinco billetes que sumaban 80 dólares. También se incautaron los teléfonos celulares tanto del procesado como de las víctimas.
El 25 de abril de 2024, la Fiscalía formuló cargos contra Héctor Enrique J. Durante la investigación, se reveló que Joel Santiago A. también había contactado a una de las víctimas para exigirle USD 100 dólares a cambio de su arma de dotación, lo que motivó su vinculación al proceso.
La acusación de la Fiscalía se fundamenta en las versiones de las víctimas y de los agentes aprehensores, la pericia documental realizada sobre los billetes y el papel con anotaciones, así como pericias de audio y video que ayudaron a extraer información de los celulares incautados, junto con informes investigativos y copias certificadas del sumario administrativo seguido en contra de uno de los acusados.
Los policías están siendo procesados conforme al artículo 281, incisos 1 y 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones por el delito de concusión con penas de tres a cinco años de privación de libertad.
