La Fiscalía ha intervenido desde las 13h00 de este viernes 27 de septiembre de 2024, las instalaciones de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP), situada en la Martha de Roldós. La empresa controla y dirige las acciones de seguridad en la urbe porteña con presupuesto del Municipio de Guayaquil.
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La autoridad de fiscalización no ha entregado aún información oficial sobre este hecho, pero extraoficialmente se conoce que la Fiscalía ha interrumpido las actividades de Segura EP para encontrar evidencia y recepción de versiones a funcionarios de dicha entidad.
La intervención de la Fiscalía a Segura EP se da un día después de que la titular del ECU911, Ana María Ayala, indicará en rueda de prensa que Segura EP habría bloqueado el acceso a 16.000 cámaras instaladas en Guayaquil.
Con consecuencia de ello, el Gobierno tomó la decisión de que el sistema de recepción de llamadas de emergencia, almacenamiento de los datos de esas comunicaciones y la coordinación del despacho con las entidades de respuesta en Guayaquil lo asuma totalmente el ECU911, dejando fuera de esta competencia a Segura EP, entidad que recibe financiamiento del Municipio de Guayaquil para ejecutar sus acciones.
Al respecto, Fernando Cornejo, presidente del directorio de Segura EP, rechazó las declaraciones del ECU 911 y vía X aclaró: “Las cámaras de videovigilancia no han sido desconectadas en ningún momento. El servicio sigue activo y enlazado con todas las instituciones. Son recursos de los guayaquileños”.
En su defensa también se sumó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien publicó desde su cuenta de X: “Desde mayo de 2023, hemos gestionado 2.179.000 alertas y atendido 744.000 emergencias, con una satisfacción del 95.5% de los guayaquileños disponiendo de un presupuesto de más de 86 millones de dólares. Ahora, el ECU911 asume el control. Exigimos que se mantenga la calidad de este servicio vital para 2.8 millones de ciudadanos”.
